Empecé como celador de hospital (mientras estudiaba la carrera, aunque entre medias me casé y hasta tuve tiempo para tener mi primer hijo) y acabé de director general; en esta larga carrera no di ningún pelotazo político; crucé peldaño a peldaño, sin saltos, todo el recorrido profesional: fui celador, técnico de gestión, jefe de negociado, jefe de sección, jefe de servicio, subdirector general y director general. Evidentemente, fui dirigido por muchos funcionarios, pero también dirigí a otros muchos, así que he conocido funcionarios de todo pelaje, como indio y también como jefe.
Tras conseguir alcanzar, aún muy joven, mi nivel de incompetencia, decidí que con 40 años, al menos 25 de curro por delante, no iba a pasarme el resto de mi vida dando codazos para que cada vez que cambiara el color político del gobierno de turno jugaran con mi sillón para encalomar a otro (como, por ejemplo, bochornosa e indignamente pasa estos días en Radio Televisión Española, aunque este es tan solo el ejemplo de mayor actualidad). Tampoco, con sólo esos 40 años, iba a permitirme una canongía-nivel 30 consolidado-vocal asesor de por vida -¡quién lo pillara hoy!-, el cuerpo me pedía marcha y la cabeza, retos. Así que empecé a trabajar en el sector privado como consultor de organizaciones y servicios. Y trabajé muchas veces para administraciones públicas, no sólo del sector sanitario. Y ahí también tuve que tratar con muchos funcionarios (más jefes, todo hay que decirlo, que indios, aunque a menudo también con estos).
Y qué decir de mi vida como ciudadano, como un ciudadano que pasa por buenos y malos momentos. Como es lógico, también tuve que relacionarme con un montón de funcionarios (estos casi siempre indios): médicos, enfermeras y personal administrativo en centros sanitarios; ventanilleros en la DGT, el INEM, la Seguridad Social, los Registros, el Tesoro, Hacienda, registro civil y en muchos registros de administraciones públicas; renovando el pasaporte o el DNI; policías y guardias civiles de tráfico; jueces y oficiales de juzgado; profesores (los de mis hijos y también los míos universitarios); carteros, bomberos y ambulancieros; más un seguro que largo etcétera.
De muchos de ellos dependí en su momento para solucionar asuntos importantes -a veces, críticos- en mi vida, aunque otras veces sólo supusieron un coñazo: trámites que las administraciones públicas me obligaron a atender. En algunas ocasiones sentí que querían ayudarme; la mayor parte de las veces, no.
Como es lógico, tanto en mi profesión como en mi papel de ciudadano he tenido que lidiar con otros tantos indios no funcionarios (es decir, del sector privado), con respecto a los cuales también en algunas ocasiones sentí que querían ayudarme, aunque también la mayor parte de las veces, no. No creo que haya grandes diferencias entre las diferentes tribus indias, sean del sector público o del privado, al menos si no entro en consideraciones de costes y pagos, sólo de trato y profesionalidad.
Por eso, por esta larga historia de amor-odio, sin medias tintas, no me resulta posible asistir como un mero espectador neutral a la intensiva y extensiva operación de acoso y derribo al empleado público en que están involucrados, con mayor o menor virulencia, todos los gobiernos, central o autonómicos, con el entusiasta apoyo de sus pajilleros mediáticos (de uno o uno signo). Pero tampoco me está gustando la liturgia con la que desde numerosos ámbitos, entre ellos la blogosfera funcionarial, se está respondiendo a esta agresión, cerrando filas sin apenas ningún atisbo de autocrítica. Lo entiendo en las burocracias sindicales, estructuralmente negadas a cualquier tipo de pensamiento crítico que se salga del manual, pero no entre gente que dedica buena parte de sus escasas horas libres a proponer, argumentar y debatir ideas en la blogosfera.
Hay un sagrado ritual cada año cuando se publican los resultados del Informe PISA sobre rendimiento escolar y España se sitúa sistemáticamente en los puestos de cola de la OCDE: los periódicos se llenan de cartas al director de los supuestos principales actores de esta tragedia, es decir, de profesores que, indignados reparten culpas a los políticos (que utilizan la educación como si fuera su cortijo); el gobierno (que pasa olímpicamente del tema); los directivos y jefes (todos nombrados a dedo por su afinidad política); las autonomías (que merman cada año los recursos, llenan las aulas de los centros públicos de inmigrantes, pero no proporcionan refuerzos para los alumnos con mayores necesidades); el ministerio de educación (que se empeña en continuas reformas sin sentido); los alumnos (que no tienen cultura del esfuerzo); los padres (que no se la inculcan, desatienden a sus hijos y se ponen contra los profesores cuando hay problemas disciplinarios)... ¡Ah! Y en el culpable contra el que más se deleitan: los malvados pedagogos, 'supuestos expertos' que no tienen ni idea de lo que pasa en realidad en las aulas.
Sin duda, todo lo anterior tiene mucho de cierto y hace que su tarea no sea nada fácil, pero lo que no se entiende es que jamás, jamás, se lea la más leve autocrítica. Y digo yo que algo, aunque sea un poquito, tendrán que ver los profesores en la formación de sus alumnos y en sus resultados docentes. Y que habrá profesores mejores y peores y centros que, con los mismos hándicaps, eduquen mejor que otros y viceversa. O, como suelo argumentar, con el mismo (perverso) régimen estatutario, los mismos incentivos (negativos), las mismas (escuálidas) nóminas, (desincentivadoras) carreras profesionales y (aberrantes) productividades, hay hospitales en los que se pierden las historias clínicas y hospitales en los que están puntualmente encima de las meses de las consultas cuando accede cada paciente.
Por eso quiero argumentar -aunque posiblemente incomode a algunos, lo lamento- sobre el asunto y tratar de dar respuesta a algunas preguntas que me surgieron leyendo esta bonita proclama en el blog La melodía encadenada y todos los comentarios que ha suscitado que he podido revisar, ya que son más de 500. ¿Existe realmente una funcionario-fobia que quiere hacer que los empleados públicos "parezcan ante nuestra sociedad como los máximos responsables de la actual situación de crisis que sufre nuestro país"?
Probablemente, sí. Pero no es coyuntural.
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