Igual es verdad que cualquier alternativa al actual modelo de gobierno corporativo del Poder Judicial fuera peor que el actual, como dicen algunos de los que viven cómodamente instalados en él. Pero parece difícil: se ha instaurado el cambalache como norma y en vez de cubrirse las plazas de responsabilidad siguiendo los principios de mérito y capacidad se hace cambiando cromos, hoy por ti, mañana por mí. Y si en tiempo de crisis todos debemos apretarnos el cinturón, eso no tiene nada que ver con ellos, incluso se autoadjudican ayudas que ningún otro funcionario tiene, ni tendrá. Y además el apetito de autocontrol nunca tiene fin, los pocos controles que existen, estorban, y de vez en cuando piden dinamitarlos. En fin, una vez más: autocontrol = opacidad = descontrol = a río revuelto, ganancia de pescadores y tiro porque me toca.
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Ningún grupo humano –mercados financieros, iglesias, ejércitos, medios de comunicación, partidos políticos, poder judicial, sociedades de gestión de derechos, profesiones...– al que se conceda capacidad decisiva para autorregular su papel dentro de la sociedad, sus derechos, deberes, recursos y prerrogativas, sería capaz de resistir indefinidamente la tentación de incumplir sus propios códigos de autorregulación, cometer excesos y acabar intentando imponer sus valores e intereses a la sociedad a la que supuestamente sirve.
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Esto lo escribí hace ya unos años, pero la realidad no hace más que recordármelo. Es cierto que el control estatal en ámbitos sociales delicados -como los citados arriba- sólo sirve por lo general para generar burocracia, incompetencia y nepotismo. Pero es preciso encontrar puntos de equilibrio.
Para encontrar un equilibrio, muchas veces se ha echado mano del modelo agencial: agencias supuestamente independientes, nombradas por los parlamentos con un período tasado de permanencia y unos objetivos estratégicos. Vamos, la misma filosofía que la del Tribunal Constitucional. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ya que me he despachado con el Poder Judicial, mejor no abundo con estos otros padres de la patria que pueden llegar a tardar 13 años en resolver recursos de inconstitucionalidad, es decir, simplemente en hacer su trabajo, que es por lo que cobran (129.271 euros el presidente y 110.520 los magistrados).
En países civilizados, aquellos en los que los servidores públicos no se creen los dueños del cotarro y donde las desviaciones de poder se castigan duramente (no digamos la corrupción), el sistema agencial está muy asentado y funciona mal que bien por lo general, aunque se está continuamente rfevisando para mejorar. Pero ¿por qué funciona? Básicamente porque se establece un sistema de contrapoderes. ¿Cómo? Sentando en los órganos de gobierno a la sociedad a través de respetables ciudadanos y profesionales (no a los amiguetes...) cuyo voto es necesario para aprobrar, por ejemplo, las dietas de viaje de sus miembros ejecutivos. Y cosas mucho más serias, claro.
Por ejemplo, los órganos reguladores y de control de las profesiones 'colegiadas' en el Reino Unido (el General Medical Council para los médicos o el Nursing and Midwifery Council para enfermeras y matronas) sientan en sus boards más miembros ajenos a la profesión (lay members) que profesionales (practising members). En el caso de las enfermeras y matronas, cinco miembros profesionales por seis no profesionales. En el caso de los médicos, doce profesionales y doce no profesionales, aunque está previsto que se aplique lo que ya aplicó el Nursing & Midwifery Council, una mayoría de no profesionales.
¿Quién tiene miedo al control de la sociedad, como contrapoder a la autonomía regulatoria? En nuestro país, todos los que han encontrado la manera de ser tratados como una casta al margen de la legalidad ordinaria.
