Sobre la degradación moral del servidor público

En democracia, todas las propuestas e iniciativas políticas son respetables dentro del marco jurídico vigente en cada momento. Incluso, naturalmente, las propuestas de cambio del propio marco jurídico impulsadas por mayorías parlamentarias suficientes. Así, el poder legislativo aprueba leyes que luego son desarrolladas por el poder ejecutivo. Pero en la acción política de los poderes públicos, que son quienes se supone que aplican las leyes, siempre existen, o deberían existir, límites morales que cuando son sobrepasados no pueden justificarse por el mero hecho de que no vayan contra el ordenamiento jurídico o incluso de que puedan ser amparados formalmente por él. Todos conocemos, lamentablemente, miles de ejemplos de aplicación torticera de las leyes y reglamentos por parte de poderes o reguladores públicos que, ajustándose estrictamente al ordenamiento jurídico, cometen verdaderos fraudes de ley, generalmente para beneficiar a partes interesadas. Ya me he referido en algunas ocasiones a este tipo de corrupciones de guante blanco guiadas básicamente por la codicia.

Pero hoy quiero referirme a otro tipo de actuaciones radicalmente distintas, no guiadas por la codicia o el ánimo de lucro, sino por un ciego integrismo ideológico y/o sectarismo partidista aplicado sin sensibilidad ni proporcionalidad algunas, que muestran en quienes las idean y aplican (u obligan a aplicar) un evidente signo de envilecimiento moral personal.

A muchos, nos parece que el desmantelamiento sistemático de las políticas sociales desarrolladas a lo largo de tantos decenios es un desastre social que generará una sociedad menos justa, menos solidaria y menos segura. Que el creciente trasvase de fondos públicos hacia empresas privadas en sectores como la educación o la sanidad tendrá efectos devastadores a medio plazo para la salud pública y para los valores de socialización que representan y transmiten estas importantes instituciones sociales. Que las políticas de recortes ciegos en el gasto sanitario que se están realizando en casi todas las comunidades autónomas, pero muy especialmente en Cataluña, tendrán como efecto inevitable una desestructuración organizativa ajena a toda lógica organizacional o empresarial, un empobrecimiento del capital humano e intelectual y una degradación del profesionalismo sanitario en los servicios de salud.

Son opiniones perfectamente legítimas; pero es necesario reconocer que tan legítimas y respetables son las de quienes piensan todo lo contrario: que, efectivamente, el sector privado es genéticamente más eficiente y efectivo; que el exceso en la oferta de servicios públicos gratuitos en el punto de acceso estimula una gravosa sobreutilización de los servicios y que, por ello, hay que redimensionarla; o que el estado debe tener una intervención más reducida como prestador de servicios, limitándose a su tarea de regulador.

Pero quienes han decidido en su delirio ultraliberal que pueden añadir una mortificación gratuita a la población más mortificada por la crisis, los desempleados que han agotado la prestación por desempleo, y dejarlos sin cobertura sanitaria pública, sin aviso previo y por un período indeterminado de tiempo, a apenas un mes, además, de la entrada en vigor de la disposición adicional sexta de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria pública a partir del 1 de enero de 2012, son unos canallas. Canallas con nombre y apellidos concretos: a algún enchufado del partido en un puesto de libre designación, con nombre y apellidos concretos, se le ha ocurrido (o la ha copiado) la perversa idea; a su director general, también con nombre y apellidos concretos, le ha parecido una idea cojonuda; y el gerente del servicio de salud, el consejero de sanidad y el presidente de la Comunidad Autónoma, con nombre y apellidos concretos todos ellos, han bendecido la canallada y ordenado ejecutarla. Son todos un perfecto ejemplo de cómo una carrera de degradación política puede conducir a un envilecimiento moral personal.

Ello ha ocurrido, al menos, en dos comunidades autónomas: Galicia y Murcia. Los presidentes de las comunidades autónomas tienen nombre y apellidos concretos: Alberto Núñez Feijóo y Ramón Luis Valcárcel Siso. Los consejeros de sanidad también tienen nombre y apellidos concretos: Pilar Farjas Abadia y María Ángeles Palacios Sánchez. Y los gerentes de los servicios de salud también tienen nombre y apellidos concretos: Rocío Mosquera Álvarez y José Antonio Alarcón González. Los nombres que, lamentablemente, no conocemos son los de los restantes canallas, seguramente pelotas del partido con ganas de hacer méritos.

Pero todos ellos merecerían entrar a formar parte de la Historia universal de la infamia borgiana.