Es curioso el muy diferente enfoque de una y otra posición. El defensor de que sí existe evidencia (él mismo perteneciente a una importante multinacional del sector sanitario), construye las evidencias que se piden de manera deductiva: si todo en la vida es competencia, ¿por qué iba a quedar al margen el sector sanitario? Y luego apela a las ineficiencias burocráticas del National Health Service como coartada para contraponer competitividad y burocracia como dos cosas absolutamente incompatibles y sin matices de por medio, utilizando como coartada la ecuación burocracia = (sólo) sector público.
Por el contrario, el defensor del "no" (un profesor de la London School of Hygiene and Tropical Medicine), sin negar que pudiera existir una relación entre incremento de la competencia y mejora de la eficiencia, utiliza el método empírico analizando las pretendidas evidencias y se limita a constatar que no existe evidencia probada al respecto y que, por tanto conviene ser extremadamente cautos a la hora de diseñar políticas generales de estímulo de la competencia (incluso entre proveedores públicos y privados y dejando en mano de los médicos generales las decisiones y su gestión, como está proponiendo el actual gobierno conservador-liberal británico).
Si alguien nos preguntara, creo que la mayor parte de nosotros estaríamos de acuerdo en que el futuro de los servicios públicos de salud estará caracterizado por una intensificación de los procesos de privatización que ya estamos viviendo y que ello previsiblemente llevará a un incremento en la competencia entre proveedores. Nos guste o no. Es cierto que ello responde a algunos motivos absolutamente obvios, por ejemplo:
- La indiscutible hegemonía del paradigma neoliberal, que está moldeando cada vez con más fuerza los esquemas ideológicos de la clase política, no ya exclusivamente de la derecha conservadora, permitiendo que se vean como naturales -aunque sea por inevitables- procesos de mercantilización que hace apenas un par de decenios hubieran sido satanizados.
- La indiscutible capacidad de influencia del capital privado sobre las decisiones de los reguladores sanitarios, mediante procesos formales-políticos (financiación de partidos, lobbies, acceso a los grupos de capital riesgo...) o informales-personales (corrupción, ingresos complementarios, visibilidad en medios de comunicación, colocación de ex-altos cargos...).
- Las "políticas" cortoplacistas inevitables en los sistemas democráticos, que hacen que se sitúen los intereses partidistas claramente por encima del bien común. Si hay que prometer (legislatura 1ª) e inaugurar (legislatura 2ª) ocho nuevos hospitales y los financio con cargo a mis propios presupuestos públicos, no puedo hacerlo porque tendría que pagar año a año con lo que no tengo. Así que hago una serie de concesiones administrativas a 30 años al capital privado... y ya subirá los impuestos para pagar el que venga después..
Y ello se traduce en que, como se afirma hasta la extenuación, a pesar de los importantes cambios sociales, económicos, demográficos, culturales y sanitarios que han empezado a impactar contra el frágil casco de los servicios sanitarios públicos, estos siguen estando organizados y gestionados prácticamente igual que hace 30 años.
¿Hasta qué punto sería razonable ir introduciendo elementos de competencia dentro de nuestros servicios públicos de salud? ¿En qué condiciones, por parte de qué agentes y niveles y bajo qué premisas? Antonio Villafaina decía ayer que "necesitamos cambiar nuestra cultura de competir por la cultura de cooperar, los resultados son mucho mejores". ¿Predomina realmente una cultura de competencia y la cooperación es un valor que se está perdiendo en nuestro sistema público de salud?
