Sobre la colegiación obligatoria (segunda parte)

En el documento de la Organización Médica Colegial [OMC] que citaba ayer puede llamar la atención que ésta haya decidido abandonar la expresión “colegiación obligatoria”, sustituyéndola por “colegiación universal”; se trata sin duda de una acción de marketing que persigue dulcificar y hacer socialmente más aceptable el hecho de que se esté obligando a cientos de miles de profesionales (no menos de 350.000) a afiliarse a una organización determinada que actúa, además, en régimen de monopolio; es decir, que no es que se obligue a los profesionales a asociarse, sino que se les obliga a hacerlo en una organización concreta a quien, además, deberán abonar una cuota durante toda su vida laboral activa. En el fondo (y en la forma) es como si la SGAE cambiara la expresión “canon digital” por “aportación cultural” o algo similar, ya que ambas expresiones tendrían el mismo sentido: hacer socialmente más  presentables unas situaciones que suponen, justificada o injustificadamente, cada cual tendrá su legítima opinión, una limitación de hecho de derechos fundamentales.

Una pregunta que tiene más enjundia de la que parece es ¿por qué tanto interés, insistencia y presión política en relación con la obligatoriedad de la colegiación? Existen varias razones, de las cuales la primera es absolutamente obvia: los aproximadamente 100 millones de euros (sí, unos 16.000 millones de pesetas de las de antes) que recaudan cada año los colegios profesionales sanitarios quienes gozan además, en tanto que entidades públicas, de un régimen fiscal realmente envidiable. La recientemente anunciada eliminación de la afiliación obligatoria a las cámaras de comercio, que tienen un régimen jurídico y fiscal idéntico al de los colegios y que, además, están recogidas en la Constitución Española (art. 52) al igual que los colegios (art. 36), recomienda poner las barbas en remojo y asumir una intensa actividad de cabildeo político para asegurar la continuidad de unos privilegios colegiales que cada cual podrá legítimamente pensar si están o no justificados por un bien superior, pero que no puede negarse que se trata de auténticas situaciones de privilegio.

Pero yo no creo que ni siquiera los contundentes argumentos financieros constituyan la razón más importante. para esta intensa actividad política. En realidad, si la colegiación dejara de ser obligatoria,las organizaciones corporativas dejarían de ostentar un monopolio representativo y ello supondría sin duda un menoscabo de su autoridad política (de base administrativa) y de su centralidad en el liderazgo profesional. Los directivos colegiales pasarían a tener que disputar con otras asociaciones (las más obvias son las sindicales) el liderazgo profesional y la capacidad de interlocución, y por tanto de influencia, con los reguladores y legisladores sanitarios. Sin la colegiación obligatoria, el monopolio de interlocución política desaparece.

En el caso de la OMC y el Consejo General de Enfermería [CGE], como ya escribí anteriormente en la revista digital e-ras, concurre un problema adicional que tiene que ver con su legitimación social: si bien existen en España algunos colegios profesionales que tienen una presencia social activa (turno de oficio de los abogados; visado de proyectos de los arquitectos e ingenieros; gestión de cobros y pagos de la prestación pública de los farmacéuticos...), lo cierto es que la presencia social real de la OMC y el CGE es muy pequeña. Ni siquiera, como con frecuencia se dice retóricamente, a la hora de controlar la calidad, eficacia y moralidad de los servicios profesionales de sus colegiados, ya que, de ser cierto en la vida real y así lo apreciaran los jueces, serían declarados sin ninguna duda responsables civiles subsidiarios en las condenas por mala praxis de sus colegiados.

El CGE y la OMC deberían asumir como inevitable que los profesionales que trabajen para las administraciones públicas (que son, en realidad, las responsables civiles subsidiarias en las condenas por mala praxis, no los colegios) van a ser eximidos de estar obligatoriamente colegiados, siquiera porque esta afiliación obligatoria carece por completo de lógica y utilidad social; de apoyarla el Gobierno, sería básicamente por que habría cedido a las presiones colegiales. Deberían, por tanto, asumir que su subsistencia y centralidad política y profesional pasará por hacer atractiva la colegiación, en tanto que los colegios pasarían a ser organizaciones de servicios tangibles e intangibles y no esas instituciones decimonónicas sustentadas en buena parte en mera retórica no respaldada por los hechos.

Lo que sucede es que es más cómodo pedir árnica a papá-estado que asumir la necesidad de hacerse adultos y volar confiando en las propias capacidades. En nuestros días, la legitimidad y la autoridad hay que ganárselas, no pueden estar sustentadas, como hace un siglo, en realidades administrativas.