¿Liderazgo? No, matonismo

Como ya anuncié aquí, el pasado martes acudí a un valiente y oportuno debate convocado por el Colegio de Enfermería de las Islas Baleares [Coiba] sobre la colegiación obligatoria (simplificando un poco; fue un debate más general sobre los colegios, la colegiación y la profesión). Compartí mesa con nuestra excelente anfitriona, la presidenta del Colegio Balear, Rosa María 'Xama' Hernández; con el pragmático presidente del CECOVA (Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana), José Antonio Ávila; y con la veterana directora de programas del Colegio de Barcelona, Núria Cuxart.

El debate pudo seguirse en directo en streaming y aún puede verse la grabación en este enlace de Coiba; también obtuvo un estupendo y divertido seguimiento en twitter que EnferEvidente nos permite enlazar aquí. Creo que fue un debate interesante (perdón por la simplificación que sigue) con un CECOVA volcado en evidenciar las virtudes globales de la colegiación obligatoria; un Colegio de Barcelona que defiende la colegiación obligatoria siempre y cuando sirva para defender el interés social general; y un servidor, defendiendo que lo mejor que desde una perspectiva estratégica pudiera sucederle a las profesiones sanitarias españolas, y más específicamente a la querida profesión enfermera, es que finalmente predominara la opinión del Ministerio de Economía y Administraciones Públicas, sobre la del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y se decidiera que la colegiación debería dejar de ser obligatoria para aquellos profesionales que trabajen exclusivamente en el sector público.

Defendía el presidente de CECOVA que dejar en manos de las administraciones públicas la regulación y control de la profesión es peligroso porque nadie muerde la mano que le da de comer y las administraciones públicas son la mayor patronal sanitaria del país. Creo que no se da cuenta de que son precisamente las administraciones públicas quienes, al mantener la obligatoriedad de la colegiación, dan de comer a los colegios (y todo lo contrario a los colegiados). De ahí que la institución colegial, como ha evidenciado de manera muy expresiva su propio presidente, haya adoptado como máxima no morder la mano que les da de comer y tratar con guante de seda a los gobiernos del momento, da igual su color político. Todo por la colegiación 'universal' (como eufemísticamente le llaman ahora).

Si se generalizara la colegiación voluntaria los colegios tendrían que ganarse el cariño (y el bolsillo) de las enfermeras de su demarcación dando servicios que compensaran las cuotas colegiales, siendo menos opacos y de dudosa reputación, rindiendo cuentas reales de sus actividades y gastos, centrando de verdad su tarea en el colegiado y abriéndose a la sociedad para ganarse también su adhesión.

Es cierto que entonces los colegios dejarían de ser, conceptualmente, Colegios y pasarían a ser una asociación más de las muchas que hay; pero no hay porqué preocuparse: mientras mantuvieran la etiqueta jurídica de Colegio, citados en el art. 36 de la Constitución Española, seguirían beneficiándose de un régimen fiscal TAN beneficioso, bajo la figura de "personas jurídicas parcialmente exentas" (régimen que también es extensible, por cierto, a las empresas y fundaciones creadas por los colegios, algo muy interesante y conveniente, ¿no Boss?).


Entre las aportaciones que he recibido con carácter previo al debate, las que recibí durante el mismo y las que he recibido después (y puedo decir que son bastante numerosas), he aprendido algunas cosas importantes.

Lo que más me ha sorprendido, y eso que no había mucho margen para la sorpresa, ha sido el desmedido acojonamiento que provoca el Consejo General de Enfermería y más en concreto su presidente podólogo, Máximo Antonio González Jurado, entre las estructuras colegiales provinciales. Incluso entre sus adversarios y sus críticos más acérrimos. No puedo detallar, sin incurrir en deslealtad, algunas confidencias que se me hacen desvelando las formas de actuar del susodicho y de sus mamporreros para mantener permanentemente amedrentados a los directivos colegiales provinciales. A la mayoría de ellos, sus followers, los mantiene (voluntariamente) secuestrados desde hace más de veinte años, sabiendo que su extremada mediocridad profesional y falta de decencia personal (más algunos atractivos incentivos) son el resorte fundamental que le  permite conservar el  poder contra toda legalidad, incluidas sucesivas sentencias judiciales que se pasan por el forro.

A los otros, digamos los disidentes, los ahoga con una doble arma: por un lado, el expolio financiero (refrendado a mano alzada por esa dócil y estable mayoría de treintaytantos borregos) que hace crecer y crecer la deuda de los colegios que se rebelan, disconformes con dicho expolio, hasta que no tienen más remedio que claudicar y pagar o entrar en  quiebra. Lo que hace el Consejo es típicamente mafioso: si entras en La Familia renegocio tu deuda y entras en la Semana Fantástica y en los Días de Oro colegiales, con importantes descuentos sobre la deuda reclamada pero entregando a La Familia el resto de la pasta. Y todos amigos, ya vuelves a ser de La Familia, pórtate bien en adelante.

El caso más eolcuente y sangrante es lo que desgraciadamente ha pasado con el hasta hace bien poco líder de La Resistencia, el presidente del Colegio de Badajoz; basta con bucear en su blog para sentirse como en un anuncio de antes de... y después de... Por ejemplo, comparando este tipo de entradas, en las que el Consejo era el culpable de todos los males, Satán, y las que desde hace unos meses sólo reparten culpas al "Sistema", sin más nombre ni apellidos que los de los políticos e instituciones públicas. Bastó con una amenaza de intervención de las cuentas del Colegio, desafiada con una sonada rueda de prensa del presidente del Colegio de Badajoz (bajo el hoy hiriente título "persiguiendo la transparencia") para llegar a un amistoso arreglo. Y todos contentos, La Resistencia anulada, La Familia recupera un hijo pródigo. No tengo porqué poner en duda que, tal y como me contó él mismo, todo esto sea un sacrificio personal en beneficio de los colegiados pacenses, aunque fuera vendiendo para ello su propia alma. Entonces probablemente sería hasta meritorio, una verdadera inmolación, pero igualmente algo penoso, una total rendición. Lo siento Carlos, así lo he vivido, así lo pienso y así lo denuncio.


Y la otra forma de agarrar por sus partes a los colegios disidentes es utilizando la, supongo que muy bien remunerada con fondos procedentes de vuestras cuotas colegiales, asesoría jurídica: se trata de presentar demanda tras demanda tras demanda tras demanda... con una intensidad que desborda la capacidad de las humildes asesorías jurídicas locales. Todos los colegios disidentes tienen pleitos judiciales abiertos; cuando no puede ser por reclamación de cantidad, entonces se impugnan las candidaturas o las decisiones de las juntas de gobierno, lo importante es tener permanentemente amenazado a quien ose no reírle las gracias y hacer de bufón para divertir al monarca.


No hay que engañarse: el control y gestión de las cuotas colegiales es lo que constituye el verdadero fondo y leit motiv del tema: hay que tener en cuenta que, atendiendo al documento del Consejo "Memoria del Presupuesto de Ingresos y Gastos, Ejercicio de 2012", del que algunos colegios provinciales, me consta, no disponen porque no les ha sido enviado (pueden descargarla aquí; de nada), unos 75 euros de cada colegiado, aproximadamente un 35% del total de sus cuotas, son expoliados por el Consejo General para los tejemanejes de su complejo entramado empresarial que, gracias al Foro de la Profesión Enfermera, empezamos a conocer (y lo que quedará...). Este gráfico que me han autorizado a difundir habla por sí solo (pinchar para ampliar):

Un ejemplo de esta voracidad recaudatoria: a día de hoy, la tesorería del colegio de Murcia sigue estando intervenida, a pesar de que hace ya casi siete meses, el 25 de abril, tomó posesión una nueva junta directiva que reemplazó a la (presuntamente) corrupta anterior, la que fue intervenida. Se llega así a la expresión más pervertida de la codicia: las cuotas que pagan hoy los colegiados de Murcia las maneja directamente desde Córdoba el capo local nombrado por La Familia, don Florentino Pérez Raya. Cobrando sus jugosas dietas, naturalmente.

Mensaje para incautos: es únicamente por la defensa de estos intereses personales y de camarilla que el Consejo, su Presidente y sus virreyes han renunciado desde siempre a ejercer cualquier tipo de liderazgo moral, profesional e intelectual (la verdad es que ni podrían ni sabrían) y han hecho del matonismo su principal forma de relación con los colegios y los colegiados; colegiados que son de los colegios, no se olvide que el Consejo no tiene colegiados. Asfixiando a los colegios, usurpando con métodos antidemocráticos su liderazgo y ofreciendo una representación y una imagen impresentables de la profesión enfermera.

¿Hasta cuándo? Parece que, como pasó con Francisco Franco, hasta que el caudillo muera plácidamente en su lecho o se refugie en Suiza como chairman de un Consejo Internacional de Enfermeras que le concedió (no sabemos el precio total, aunque sí parte de él) la misma condecoración que a... ¡Virginia Henderson, Hidelgard Peplau  y sólo tres condecorados más en todo el mundo mundial!

Ustedes mismas...

PS.- En  plácida charla de sobremesa se planteó qué pasaría si el preclaro líder desapareciera súbitamente (dios no lo permita). La respuesta fue unánime: ¡Uffff! ¡Vaya marrón! ¡Igual sería peor! Y digo yo: ¿para cuándo una Platajunta, una alternativa democrática a esta panda de fachas que permita a la enfermería y a las enfermeras mirar hacia un futuro mejor, más  libre y, sobre todo, más decente? The answer, my friends, is blowing in the wind.

Debate sobre colegiación obligatoria de las enfermeras

Recién vuelto de Cartagena (ya enlazaré la transcripción de la conferencia de los Encuentros de Investén en otra entrada), preparo mi participación en un debate sobre la colegiación obligatoria convocado por el Colegio de Enfermería de las Islas Baleares, que tendrá lugar en Palma de Mallorca el próximo martes, día 13, a las 4 de la tarde.

Compartiré mesa con la presidenta del Colegio de Baleares, Xama Hernández, el de Cecova, José Antonio Ávila, y la directora de programas del Colegio de Barcelona, Núria Cuxart.

Están intentando transmitir el debate en streaming; si se confirma, ya pondré el enlace por si a alguien le  interesa. Si no, podréis seguirlo en twitter (@coiba1, hashtag #colegiación). En cualquier caso, ya informaré a mi vuelta.

Teletipo urgente desde las Islas Baleares

 

  Interrumpimos nuestro merecido descanso de la Fiesta Nacional para dar paso a nuestro corresponsal en las Islas Baleares. Esta es su crónica:

Pues sí, Juan F., te cuento: a la insensata presidenta del Col.legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears [COIBA], Rosa María Hernández Serra, no se le ha ocurrido mejor idea que publicar anteayer, día 10 de octubre, un editorial en la revista online del colegio criticando de manera bastante rotunda la inmoralidad que supone que el Consejo General de Enfermería [CGE] y su presidente podólogo [PP] haya gastado fondos  -detraídos de las cuotas colegiales, naturalmente, no de su propio peculio-  en encargar una encuesta a medida para reforzar las decisiones políticas del Gobierno de la Nación. En realidad no es un gasto, sino una inversión que permitirá al PP del CGE cambiar cromos con el Gobierno del PP, en concreto el más valioso y rentable, el de la colegiación universal y obligatoria para todas las enfermeras del país.

Esta conducta, de dudosa deontología, no constituye una novedad, Juan F.; ya comentaste en su momento la carta que envió a los presidentes de (¿todos?) los colegios pidiéndoles que se lo pensasen dos veces antes de criticar las medidas (para muchos como la presidenta de Baleares anti-deontológicas) del gobierno de Mariano Rajoy y Ana Mato. Entre ellas, la más impactante y de dudosa constitucionalidad, la de quitar la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes irregulares. La encuesta del PP del CGE decía que al 72% de nosotros, los regularizados, nos parecía bien, ¡viva la madre superiora!

Así que el PP del CGE se ha mosqueado con la presidenta del COIBA por no cohibirse (perdona el juego de palabras fácil, Juan F.) y atreverse a opinar desde la tribuna colegial que "desde el punto de vista moral, es lamentable una expresión social, en apariencia, tan mayoritariamente insolidaria, pero resulta más que lamentable, inadmisible, que el Presidente del Consejo General de Enfermería de España, invierta en esta encuesta y utilice sus resultados no para abogar en la defensa de los Derechos Humanos y los principios de equidad, justicia y solidaridad de los que habla nuestro Código Deontológico, sino más bien lo contrario".

Como sabes, el Colegio Oficial de Enfermería de las Islas Baleares, como los otros 51 del Estado, está amparado por el artículo 36 de la Constitución Española como entidad privada de derecho público.

 Pero el Consejo General de Enfermería, no: simplemente porque no es un colegio profesional, sino un órgano del que se dotan los colegios para representar al conjunto de la profesión (colegiada), coordinar sus políticas y desarrollar programas comunes que mejoren la eficacia de la acción colegial. El CGE no tiene colegiados, aunque hable en su nombre y trate de disciplinarlos; quienes tienen colegiados son los colegios provinciales. 

El CGE, por tanto, es o debería ser un órgano al servicio de los colegios provinciales: de todos, no sólo de los afectos al régimen. Pero el PP del CGE piensa otra cosa: poner a los colegios a su disposición y utilizarlos como cuerpo de ventas de sus líneas de inversión. Tú este fenómeno sociológico ya lo has comentado, Juan F.: la mayoría de las juntas directivas de los colegios están entre sorprendidos y encantados de que gente tan mediocre como ellos sea mantenida en el poder local, aunque sea a cambio del tributo de un papel tan servil.

Pero parece que hay algunos que se niegan a jugar este indigno papel; no sólo Baleares por lo que se ve, sino también los colegios de la Comunidad Valenciana unidos en CECOVA, Pontevedra, Murcia, hasta hace unos meses Badajoz... y seguro que me dejo alguno en el tintero, tampoco conozco tan a fondo el  entramado colegial como tú.

 Pues bien, la respuesta ayer mismo, día 11, del PP del CGE, de claro corte maoista-estalinista, es sencilla: leña al disidente hasta que calle (o le quite de enmedio). Por eso, en una carta a la que este corresponsal ha tenido acceso, se dirige a la presidenta del COIBA en los siguientes términos: "al amparo de Ia Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, solicito de ud. como Presidenta del Colegio que edita la 'Revista electrónica mensual del Col'legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears' la publicación integra, dentro del plazo legalmente previsto, de la siguiente rectificación, en iguales condiciones de publicación, es decir, en la primera página 'Editorial', mismo maquetado y tipografía para que tenga una relevancia semejante, sin apostilla ni comentario alguno, respecto del editorial publicado bajo el titulo "De Presidente a Presidente" en el n° 5 de esa revista (octubre de 2012), con forme al texto que a continuación se transcribe (...)".

El texto, que a continuación se transcribe, en realidad, es una chorrrada, si me permites la expresión: desde la premisa pueril de que la mejor defensa es un buen ataque, y dado que nuestro querido amigo el PP del CGE no puede negar el único hecho que denuncia la presidenta del COIBA, la acusa de antidemócrata (por denunciar que se permita a los ciudadanos que expresen lo que piensan) y de insolidaria (por no haberse implicado nunca con la ONG Enfermeras por el Mundo y "no haber instalado en su sede de forma libre, voluntaria, generosa, y, por 1o tanto, solidaria una consulta de enfermería en la que poder prestar cuidados a estas personas").

Sobre la Ley Organica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, en la que se ampara el PP del CGE, no sabía nada en términos jurídicos; como no tenía fondos para encargar un informe técnico, le pregunté al hijo de un buen amigo que estudia tercero de derecho. Cuando le pregunté me dijo: "ah sí, eso lo estudié en segundo. Esa ley dice en su artículo primero que toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio".

Me dice este futuro abogado: "Es decir, la ley ampara a los afectados por la publicación de hechos inexactos, no de opiniones, las cuales, en su caso, sólo podrían denunciarse ante los tribunales como presunto delito de injurias. Y la presidenta del COIBA, por lo que veo, sólo relata un hecho objetivo que no es negado por el presunto afectado". Sobre todo porque se presentó con toda su parafernalia mediática en rueda de prensa, añado yo.

 Así que, Juan F., el escrito es eso, una chorrada que termina, cómo no, con algo que nunca puede faltar en este tipo de escritos maoista-estalinistas: las amenazas "Afectando todo lo publicado en los espacios indicados de forma grave y falsaria al buen nombre y reputación de este Consejo General y de su Presidente, y con el fin de evitar los perjuicios que ello le pueda ocasionar...".

Pero lo que más grave resulta, lo que ya raya con una conducta de tipo mafioso, es que el PP del CGE aprueba una circular (a la que también ha tenido acceso este correponsal), difundida a (¿todos?) los colegios provinciales, en la que describe los hechos y a la que adjunta la carta de las amenazas para que a buen entendedor... o para que cuando las barbas de tu vecino... Bueno, ese tipo de mensajes, ya sabes.

Esto es todo, Juan F.

Gracias, X.

Pues ya ven, que esto es todo, suma y sigue y hasta el próximo desbarre.

¿Puede ser una 'enfermera' no, realmente, una 'enfermera'

Ya he tratado en algunas ocasiones sobre lo que mediáticamente se ha sancionado como "crisis de los cuidados enfermeros" en Inglaterra, algo muy codiciado por la prensa británica y cuyo principal exponente fue la serie de, no recuerdo ahora si fueron cinco o seis artículos, publicada en el diario inglés The Independent por Christine Patterson hace apenas unos meses. Titulé la serie, quizás de una manera un tanto retórica (o periodística), "¿Cuanto más sé de ti menos te quiero?"

Un par de meses después, The Daily Telegraph se hacía eco de una crisis institucional adicional, la del Nurses & Midwifery Council, el órgano regulador de la enfermería, cuyas pésimas costumbres (como ya resumí en esta entrada) habían venido eludiendo o demorando investigar casos de malas praxis profesional, se supone que para salvaguardar el prestigio de la profesión enfermera, pero con un pésimo resultado: los medios de comunicación, advertidos de estas negligencias del regulador, han asumido que es cómplice de las faltas de profesionalidad de tantas y tantas enfermeras y han puesto bajo sospecha a todas las enfermeras. Y ello ha generado un duro cuestionamiento de la profesión enfermera y las enfermeras, de los cuidados que reciben los pacientes en los centros del National Health Service.


Pero hoy mismo un editorial en la prestigiosa revista Journal of Clinical Nursing, escrito por una colaboradora de la Universidad Anglia Rushking (Chelsea, Essex, Inglaterra, Reino Unido), cuestiona esta pretendida cacería, pero lo hace de una manera que, al menos por estos lares, nos parecería  un tanto chusca: viene a decir, sin apoyo estadístico alguno, que casi siempre que se produce un problema relacionado con los cuidados de algún paciente (que no tenga que ver con los médicos; algo que también adoran los mass media, por cierto), tiende a atribuirse de manera genérica a las nurses, a las enfermeras. Y que algunas veces, efectivamente, tiene que ver con la conducta de una enfermera, pero que por lo general tiene más que ver con personal sin demasiada cualificación profesional (verbigracia local, auxiliares de enfermería o celadores; denominación genérica en el Reino Unido, healthcare assistants, categoría unificada hace unos pocos años; aunque existen muchas variaciones en el mundo anglosajón, como licensed practical nurse, enrolled practical nurse...; como curiosidad, hay países, como nuestro vecino Portugal, donde no existe una figura semejante, sólo hay enfermeiras), pero que los medios siempre tienden a denominar nurses, enfermeras. La denominación oficial de los diplomados o graduados registrados ('colegiados') en enfermería es, en realidad, registered nurses, las famosas siglas RN.

¿Será verdad lo que afirma el editorial o sólo es una forma de defensa retórica, de echar las culpas a otro?


Afortunadamente, en España enfermera es enfermera. Y auxiliar de enfermería es auxiliar de enfermería (o técnico en cuidados auxiliares de enfermería). Y celador... bueno no, ahora utilizan en algunos sitios unas siglas cursis que no entiendo, personal de algo, no sé qué... En todo caso, resulta curioso, como dice el editorial, que un término TAN concreto, tan delimitado, tan específico, pueda resultar coloquialmente TAN genérico y tan generalizador, tan todo-lo-sanitario-que-no-lleva-bata-blanca.

Curiosamente nosotros siempre miramos a la enfermería del Reino Unido como a un alumno aventajado y parece que también tienen problemas mucho más básicos que por aquí... No sólo de identidad, también de identificación.

¿Quién controla al controlador?

Ya me he hecho eco más de una vez sobre las tormentosas relaciones entre enfermería y medios de comunicación en Gran Bretaña; de hecho dediqué una serie bajo el título 'cuanto más sé de ti, menos te quiero', con tres entradas (esta es la tercera, que enlaza las anteriores) que fueron de las más leídas del blog.

Son bastante numerosas las ocasiones en que la prensa británica denuncia la crisis de los cuidados enfermeros, una especie de epidemia nacional de casos de malos tratos, algunos verdaderamente truculentos, con denuncias sobre pacientes hospitalizados que tienen que llamar a la policía o a emergencias para conseguir que alguien les atienda, los alimente o hidrate. Una conocida periodista, Christina Paterson, se preguntaba en The Independent cómo es posible que una profesión cuya razón de ser es cuidar pueda provocar tantas críticas por su insensibilidad y crueldad. Y dudaba si culpar a factores estructurales (¿necesita la enfermería ser gestionada de otra manera?) o personales (¿o la respuesta es más bien que hay que desarrollar una nueva cultura de la compasión?). Yo siempre tiendo a pensar, cuando existe un problema generalizado de conductas personales malsanas, que tienen que intervenir factores estructurales u organizativos. No es que campañas dirigidas a modificar las conductas de los profesionales no valgan para nada, pero es preciso que sean complementadas con una revisión crítica de los factores supra-estructurales (perdón por el palabro) que inciden en esas conductas.

Hoy nos informa The Daily Telegraph sobre el cuestionamiento del organismo encargado de la regulación de la  profesión enfermera, el Nursing and Midwifery Council [NMC], cuyo lema es safeguarding health and wellbeing, "protegiendo la salud y el bienestar"... se supone que de los pacientes, no los suyos propios. El titular de The Telegraph es elocuente: Patients 'put at risk' by failures at nurses regulator. Patients are being put at risk by incompetent nurses because the regulator is failing and is an 'embarrassment', a damning report has found.

A mí estas cosas me duelen, porque soy un gran defensor del modelo agencial británico y también muy generalizado en algunos países de la Commonwealth, al menos de la música porque la letra, al parecer, dista mucho de ser la que debiera. La junta directiva del NMC está compuesta por 10 miembros, de los cuales sólo cuatro son enfermeras (o matronas), ya que los seis restantes son lay members, personas ajenas a la enfermería, supuestos representantes de la ciudadanía en el Consejo. Esta composición parece que debería salvaguardar de los intereses corporativista a la institución, pero parece que no es así. El NMC acumula 4.000 denuncias a enfermeras sin resolver (en un colectivo de casi 500.000 profesionales, o sea que ¡una enfermera de cada 125 está denunciada ante su organismo regulador!), de las cuales en 1.000 ni siquiera han llegado a abrirse dilgencias.

Esta es la mala noticia.

La buena, la que me anima a seguir creyendo el el modelo agencial, es que la denuncia proviene de otro organismo, el Council for Healthcare Regulatory Excellence, que ha hecho público hoy mismo el informe sobre el NMC del que se hace eco The Daily Telegraph.


Llevando el tema a nuestro terreno: es evidente que los colegios profesionales, presuntos reguladores y encargados del control de las actuaciones de sus colegiados, no guardan ninguna relación con los reguladores de países más avanzados en este asunto. Es realidad, lo de que los colegios profesionales en España controlan la calidad y buenas prácticas de los profesionales es un paripé, una ficción que le viene bien a todo el mundo, afortunadamente para los propios colegios, ya que de ser verdaderos responsables de las prácticas de sus colegiados serían declarados responsables civiles subsidiarios en las condenas judiciales  por mala praxis profesional (en vez de los paganos de siempre, las administraciones públicas), o sea que se habrían arruinado hace muchos años y ya serían  -como deberían ser-  meras reliquias de un ominoso pasado. Pero uno suspira porque existiera algún tipo de controlador del controlador como el Consejo para la Excelencia Regulatoria Sanitaria en Gran Bretaña. Serían muy excitantes sus informes, entre ellos en qué gastan realmente las cuotas de sus colegiados y los ingresos de sus directivos. Pero esto es España: campeones de Europa en fútbol y al menos finalistas en opacidad institucional.

Una pequeña victoria

Generalizando, y sin duda con honrosas excepciones, las organizaciones colegiales tienden a ser instituciones opacas, muy especialmente aquellas que han desarrollado y mantienen oscuras corporaciones empresariales público-privadas al margen de los objetivos establecidos en los estatutos colegiales, de las que no resulta muy difícil sospechar que se lucran a título particular quienes las han generado a título corporativo.

El Consejo General de Enfermería es un alumno aventajado en estas dudosas prácticas con su Grupo Corporativo Organización Colegial de Enfermería, ya denunciado anteriormente desde el propio interior de la organización colegial, que incluye a empresas como la Escuela de Ciencias de la Salud, la Fundación Salud y Sociedad, la Fundación Pro-Instituto Superior de Investigación, Enfermeras para el Mundo, el Instituto Superior Iberoamericano de Acreditación y Normalización, Cofunsalud, Bratelk SL, E-Network Salud, Enfermería Hábitat..., más otras empresas relacionadas como eNursingbestpractices, que se supone que es del Consejo, pero que en realidad pertenece a la organización 'de la familia' Mibox Technology, que comericaliza lo que se supone que era la aplicación estrella del CGE para la prescripción enfermera, y que recientemente ha sido premiada por el brazo científico armado del Consejo (deplorable deriva la de su presidente, que ha desengañado a un buen número de profesionales honestos que creían en él, me consta), la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería, UESCE.

Las  instituciones colegiales, corporaciones de derecho público, no solo deben  ser honestas sino que, como la mujer del césar, también deben parecerlo. Y algunas, como es el caso, apestan.

Por cierto, por si a alguien le interesa, el Grupo Corporativo Organización Colegial de Enfermería busca un periodista para su Departamento de Comunicación.
Bien, todo esto viene a cuento porque el pasado 29 de marzo dediqué una entrada a demostrar que existen organizaciones colegiales que sencillamente 'se pasan por el forro' algunas cosas que las leyes disponen, especialmente todo aquello que tenga que ver con la transparencia. Ponía como ejemplo el incumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la denominada 'Ley Ómnibus' acerca de la obligatoriedad de publicar en las web colegiales las memorias económicas, algo que muchas organizaciones colegiales incumplen  -entre ellas y de manera destacada para este blog el Consejo General de Enfermería-  y otras sólo cumplen de manera zafia.

Esta entrada tenía que ver con la apertura a debate público del anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por parte de la Vicepresidencia del Gobierno de España, y sugería que, como acababa de hacer yo, se participara en este debate proponiendo una inclusión explícita de los colegios profesionales dentro de su ámbito de aplicación. Afortunadamente, el foro Tablón en Blanco enlazó la entrada del blog e hizo suya la propuesta, llegando así a sus miles de suscriptores.

Ignoro cuántos profesionales hicieron efectiva la sugerencia a través de la web de la Vicepresidencia del Gobierno, pero lo cierto es que parece que lo hemos conseguido. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes 18 de mayo, la Vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría así lo anunció. Es sin duda un paso en la dirección correcta, una pequeña victoria, sólo queda esperar que no se frustre, porque unas instituciones de derecho público, como son las colegiales, no se puede permitir que sean gobernadas como si fueran cotos privados, utilizando de manera presuntamente irregular y con absoluta impunidad las cuotas de sus colegiados.
Es una pequeña victoria en la vía de la democratización y transparencia de corporaciones de derecho público que, como la mujer del César, no sólo deben ser honradas, sino también parecerlo. Y hoy no lo parecen.

  Ojalá

Carta abierta del Foro de la Profesión Enfermera a José Medina Mingallón

La asociación "Foro de la Enfermería Española" ha publicado una carta abierta al presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, José Medina Mingallón, en respuesta a dos escritos de éste: una Carta del Director en la revista del colegio y una entrada en su blog; en ambos casos, descalifica con palabras gruesas la libertad de opinión en la red 2.0, especialmente en el foro Tablón en Blanco, e insulta a quienes le critican. Aunque siempe enlazamos las tomas de posición del Foro, en este caso, viendo los escritos referidos, resulta aún más importante porque no es permisible pasar por alto este tipo de conductas, que envenenan la convivencia y tratan de menoscabar la dignidad y los derechos de quienes, simplemente, no están de acuerdo con su manera de gestionar los asuntos corporativos. En  los enlaces puede comprobarse que no se trata de ninguna exageración.

Tanto es así que la entrada de mañana en el blog tratará de responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que personas así, que no saben ni expresarse medianamente y que no aportan ningún tipo de activo profesional, intelectual o moral a la profesión, puedan llevar más de 12 años como representante corporativo e institucional de 3.500 enfermeras y enfermeros y manejar un presupuesto de un millón de euros?

La respuesta, mañana.

El impacto real de la colegiación voluntaria (segunda parte)

En la entrada anterior aporté una serie de datos para valorar hasta qué punto la exención de la exigencia de colegiación a los profesionales sanitarios al servicio de las administraciones públicas tendría un impacto real en el nivel de afiliación a los colegios de enfermería. Quedó bastante claro que sí, al menos comparando los patrones de afiliación en las comunidades autónomas donde es obligatorio estar colegiado en todo caso y en las que han regulado esta "colegiación voluntaria".

La pregunta que me hice fue si en el caso de los médicos sucedía lo mismo y lo que me he encontrado es tan absurdo que sólo puede deberse a unos censos colegiales absolutamente hinchados que cifran, a 31 de diciembre de 2010, en 205.000 los médicos colegiados no jubilados, cuando las estimaciones más generosas en cuanto al número de médicos en ejercicio en España son de unos 165.000, es decir, 40.000 menos.

La OCDE, para 2007 (datos basados en la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, INE), aportaba un dato de 3,7 médicos por 1000 habitantes. La población nacional en 2007, siempre según el INE, era de 45.200.737 habitantes, lo cual nos da un número de médicos estimado en torno a 175.000. Pero sucede que esta cifra incluye también a los dentistas (la EPA no los distingue), que eran entonces unos 25.000. Así que nos quedan en torno a 150.000 médicos en activo. Esta cifra no puede haber aumentado significativamente, ya que el número de licenciados se mantiene muy estable, si acaso con una cierta tendencia a la baja, en torno a 3.800 al año, un 2,5% del total de médicos, tasa que está por debajo de la de jubilación de profesionales.

Es decir, que lo más probable es que los colegios provinciales inflen generosamente sus censos (su representatividad en el Consejo General depende precisamente del número de colegiados) y su Consejo General mire para otro lado mientras se las pasa al INE para que las oficialice. No parecen, desde luego, unas credenciales muy indicadas para parecer los idóneos mantenedores de los registros de profesionales...

En fin, con estos datos tenemos los siguientes indicadores:

A pesar de que el número de licenciados anuales es muy superior en las CCAA sin colegiación obligatoria (de hecho desciende en el resto), la evolución en el número de colegiados es muy inferior en aquéllas (1,2% de promedio) que en éstas (2,7%).

Más datos:

La tasa entre nuevos colegiados y nuevos licenciados es sorprendente: ¡se colegia cada año, de promedio, un número de médicos superior en un 25% al de nuevos licenciados! Naturalmente, ello refrenda la falta de credibilidad de los datos colegiales. Pero, bueno, suponiendo que ello afecte de manera aleatoria y no se produzca mucho más o mucho menos en las 12 provincias afectadas, esta tasa es de un 47% en las comunidades sin colegiación obligatoria y de un 156% en  el resto, el triple, prácticamente lo mismo que sucedía cuando analizamos a la enfermería (83% - 30%). Ello ayuda a validar nuestras estimaciones de que la exención de la colegiación de los empleados públicos supondría que los colegios perderían por encima del 50% de sus colegiados, casi 200.000 entre ambos colectivos. Mal negocio.

Pero quizás una medida así ayudaría a unos colegios que siempre han vivido plácidamente protegidos por papá-estado a concienciarse de la necesidad de convertirse en instituciones respetadas por sus colegiados, verdaderamente representativas y, sobre todo, atractivas por unos servicios que realmente sean útiles para la sociedad y para los profesionales. Lo que se llama "estar en el mercado".

El impacto real de la colegiación voluntaria

Aunque no está nada claro si llegará a ver la luz en esta legislatura, el Gobierno ha anunciado la aprobación "inminente" (el primer anuncio era para febrero y el segundo para este junio a punto de finalizar) del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales en el que, al parecer y en principio, se eliminaría la obligatoriedad de la colegiación para los profesionales al servicio exclusivo de las administraciones públicas. Ya hemos hablado anteriormente de las intensas  presiones que los consejos generales de colegios enfermeros y médicos están realizando y nos hemos preguntado si tienen razones objetivas para ello.

La implacable opacidad generalizada de las organizaciones colegiales hace imposible evaluar el impacto por métodos directos, así que no queda más remedio que acudir a otras fuentes oficiales. En este caso, hemos utilizado datos del Instituto Nacional de Estadística, INE.

En la tabla que podéis ver algo más adelante, he calculado dos series (2005-2010): a) El número de nuevas enfermeras que se diploman cada año, obtenido de la Estadística de Enseñanza Universitaria; b) El número de colegiados existentes a 31 de diciembre de cada año, extraído de la estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados.

Por otro lado, como sabemos, hay algunas comunidades autónomas [CCAA] en las que los profesionales al servicio de las administraciones públicas sin ejercicio privado están exentos de la obligatoriedad de estar colegiados. Se trata de Andalucía (Ley de Colegios Profesionales de 2003, art. 4), Asturias (Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales de 2003, art. 11), Cantabria (Ley de Colegios Profesionales de 2001, art. 17.3) y Extremadura (Ley de Colegios Profesionales de 2002, art. 17.1).

Bien, pues hemos partido de la hipótesis de que, de no existir impacto relevante de la exención de la colegiación (es decir, que la gente se sigue colegiando de todas formas porque encuentran útiles sus colegios), existiría una correlación significativa entrte las tasas anuales de variación en el número de nuevos diplomados en enfermería y en el número de colegiados. Es cierto que hay que tener un amplio margen de holgura, ya que mientras que nuevos diplomados son nuevos diplomados, el número de colegiados depende también de otros factores, básicamente quienes se descolegian al jubilarse y también los colegiados que fallecen o los que abandonan o aún no han entrado en el mercado laboral. Y, naturalmente, existen factores particulares propios de las provincias que habrá que tener en cuenta.

En fin, para no aburrir, hemos agrupado, por un lado, las CCAA en las que los empleados públicos pueden optar entre colegiarse o no hacerlo (las cuatro citadas, que suponen un 21% de los nuevos diplomados anuales y un 24% del total de colegiados ) y el resto, es decir, aquellas en las que el personal estatutario y laboral al servicio de las administraciones públicas está obligado a colegiarse de todas formas.

Esta es la tabla (pinchar para ampliarla):

En ella vemos que no existen apenas diferencias en la tasa de incremento anual en el número de nuevas enfermeras (diplomadas egresadas de las EUE), 2.1 para las comunidades con colegiación obligatoria y 2.0 para las cuatro "anómalas". La variación interanual en el número de quienes se incorporan al mercado laboral y para ello tienen  -o no-  que colegiarse es prácticamente idéntica.

Sin embargo, la tasa de variación interanual en el número de colegiados (que se nutren básicamente de los efectivos anteriores, las nuevas enfermeras) es radical y significativamente muy diferente: 3.0 para las CCAA en las que no hay más remedio que colegiarse y 1.3 para aquellas otras en las que los recién diplomados pueden elegir. Es decir, un 57% menor en éstas que en aquéllas.

¡Ojo con  el dato! No podemos inferir ningún tipo de regla ("se colegia un 57% menos"), pero sí podemos concluir sin  riesgo (estadístico) de equivocarnos que la variable "libertad de colegiación" tiene un efecto demoledor. De hecho, si calculamos el porcentaje de nuevas enfermeras sobre nuevos colegiados (colegiados de un año, menos colegiados del año anterior), el valor es de un 83% en las CCAA con colegiación oblligatoria y desciende abruptamente hasta el 30% en las CCAA con colegiación voluntaria. Y se supone que los efectos de variables externas (jubilaciones, retrasos en el momento de la colegiación para hacerlo coincidir con el de entrada efectiva en el mercado laboral, salidas del mercado laboral...) no deberían afectar más a unas comunidades que a otras:

Por eso, creo que sí podríamos decir que el impacto potencial de una Ley de Servicios Profesionales que estableciera con carácter estatal la voluntariedad de la colegiación significaría, en el mejor de los casos, una pérdida por encima del 50% de la colegiación, al menos de la colegiación nueva.

Y si el Consejo General de Enfermería se empeñara, no sólo en hacer lobby junto a los médicos para torcer el brazo del poder ejecutivo, sino, como está intentando hacer la Organización Médica Colegial, reformarse, rejuvenecerse y tratar de hacerse valer ante los colegiados de hoy, obligados casi todos, para que se mantengan colegiados mañana, ese día en que, como es normal en un país democrático, se trate de algo voluntario o cambien las reglas del juego.

Sobre la colegiación obligatoria... de nuevo (segunda parte)

¿Qué quise decir en la primera parte de esta entrada con "no a la colegiación obligatoria en estos colegios"?


Aunque en principio yo creo que hay fórmulas mucho mejores para ejercer el control de las prácticas profesionales y para regular las profesiones que los colegios (y que las administraciones públicas, por cierto), lo cierto es que son fórmulas que tienen éxito en países muy diferentes al nuestro; se trata de sociedades más abiertas donde la ley no trata necesariamente de uniformarlo y encorsetarlo todo, como aquí, más abiertas y menos burocráticas, más transparentes y menos corporativistas. Por eso, por un motivo tan pragmático como pensar que los modelos que considero mejores no podrían desarrollarse en España, es por lo que creo  -deseo, más bien-  que el actual modelo colegial podría evolucionar hacia otro más moderno que aporte valor de verdad a la sociedad. Y, en ese caso, se podría distinguir entre la colegiación, que sería voluntaria, y el registro en el colegio, que sí sería obligatorio para poder ejercer.


Hablando exclusivamente de la colegiación (hay muchas otras propuestas de reforma), los colegios se verían obligados captar a los potenciales colegiados y, con las cuotas que estos libremente les aportaran, desarrollar acciones y programas que contribuyeran a la mejora de las competencias y prácticas profesionales y que sirvieran de apoyo de todo tipo a los colegiadoes, pero siempre dentro del nivel financiero que realmente se trabajen y consigan: hoy no se lo trabajan porque no tienen que hacerlo. Y eso es malo, no sólo para quienes se ven obligados a estar colegiados, sino especialmente para los propios colegios, que han venido experimentando un lento proceso de degradación que los ha convertido en absolutamente irrelevantes no sólo para la sociedad, sino también para los propios profesionales.

Dicho de forma contundente: “No se puede ir contra la colegiación libre ni mantener que un médico se sienta obligado a estar colegiado. Lo que debemos lograr desde los colegios es que la cuota a los médicos no sólo les salga gratis, sino que perciban, además de la labor deontológica y la defensa de la competencia
profesional que realiza la institución, otros servicios más tangibles, como la tecnología, la informática, ventajas en créditos bancarios... que hagan que vean en la colegiación una ventaja".

Lo dijo en 2007 el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Girona (siento no poder documentarlo, pero la revista en que realizó dichas declaraciones (AZ Prensa) cerró hace tres años y sus archivos no son accesibles).


Pero, en fin, este estado de cosas se puede cambiar. Creo que la Organización Médica Colegial lo está haciendo  -con sus aciertos y errores, aunque creo que son más los primeros-, probablemente porque le ha visto las orejas al lobo y también porque la acción de unos pocos, desde dentro, ha conseguido forzar un relevo generacional. Pero desde luego el actual Consejo General de Enfermería está perdido para la causa, no es reconducible. Para este Consejo, no rotundo a la quiebra de la libertad constitucional de asociación. Lo dice un ciudadano y un  -perdón-  experto, no una enfermera.

[Nota.- Por si a alguien le interesa profundizar en el tema, he preparado un resumen extraído de mi publicación Un modelo de organización corporativa de la profesión médica, un tocho de 90 páginas que he dejado en apenas 14 y he concentrado específicamente en las propuestas de reforma de las organizaciones corporativas. Aunque habla de los médicos, dado que ese fue el encargo que me hicieron, basta con cambiar médicos por enfermeras y profesión médica por profesión de enfermería (aunque a Carlos le guste más "profesión enfermero", para gustos los colores...). Este resumen lo podéis descargar pinchando aquí.

Sobre la colegiación obligatoria... de nuevo (primera parte)

Antonio J. me pide, a través de nuestro grupo en facebook que comente una entrada en el blog de Carlos Tardío (con quien tendré el honor de compartir mesa el próximo 19 de mayo), aunque yo creo que se refiere más bien a esta otra entrada; en todo caso, me referiré a las dos en "lo referente al análisis que hace del por qué 'normativo y constitucional' de la colegiación obligatoria", como me pide Antonio.

No es ésta mi costumbre, ya que si tengo que hacer algún comentario lo hago siempre en el blog aludido, pero desde el más absoluto respeto a las ideas y a quienes las defienden honestamente, como sin duda es el caso de Carlos, voy a hacer algunos comentarios, ya que además se trata de una persona emblemática en muchos foros enfermeros.

En general, no estoy muy de acuerdo con  sus opiniones, no tanto por aspectos u opiniones concretas, como por un tema más general, de visión: mientras la suya es básicamente juridicista y política y por tanto con pocas referencias a los contextos de los hechos y las normas, la mía pretende ser 'sociológica', más de procesos y de contextos, que de hechos. Y, en mi humilde opinión, su justa y prolongada cruzada contra el actual CGE a menudo le enturbia la visión.

De hecho, entrando ya en el tema de la colegiación obligatoria, hasta cuando está de acuerdo con el CGE no tiene más remedio que estar también en contra para no darle  -formalmente-  la razón, ya que ambos defienden la colegiación obligatoria y la justifican con argumentos casi idénticos y, desde mi punto de vista, poco consistentes: ambos se basan en la constitucionalidad de los colegios, ya que aparecen citados en el artículo 36 de la Constitución Española [CE] Este artículo se introdujo en el último minuto y de penalti en el texto constitucional, por los tejemanejes de un senador por designación real, presidente a la sazón del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Rius. Y se limita a decir que "La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos". Punto.

¿Por qué bastantes opinantes estamos en contra de la colegiación obligatoria? Porque la colegiación obligatoria supone una colisión entre la libertad de asociación (art. 22) y la obligación de colegiación (pretendidamente inspirada en el art. 36), con la diferencia de que el artículo 22 se encuadra en la Sección primera ("de los derechos fundamentales y las libertades públicas") y el 36, dentro de la segunda ("de los derechos y deberes de los ciudadanos"). La libertad de asociación es, pues, un derecho fundamental, no así el reconocimiento de la realidad de los colegios profesionales (por mucho que nos empeñemos en que tanto la Sección primera como la segunda se encuadran en el Título I, "de los derechos y deberes fundamentales"). Y, si ambos derechos entran en colisión debería predominar el derecho fundamental.

Dado lo escueto y poco clarificador del famoso artículo 36, quienes defienden la colegiación obligatoria (hay muchos defensores de la misma entre los sanitarios progresistas, no os penseís que esta defensa es necesariamente "de derechas") justifican su legitimidad a partir del respaldo que el Tribunal Constitucional [TC] le ha dispensado. Es cierto que la doctrina del TC, en general, consagra la excepcionalidad de la colegiación obligatoria como limitación de derechos fundamentales, como es el de asociación  –en su vertiente negativa, libertad de no asociarse–; pero el reconocimiento de esta excepcionalidad no lo realiza en términos conceptuales, sino funcionales o puramente jurídicos: es la ley la que recoge esta obligatoriedad y, de la misma manera, podría dejar de recogerla. O podría recoger las excepciones pertinentes a esta obligatoriedad, siempre que estuvieran basadas en argumentos racionales y en fórmulas alternativas que garanticen los mismos fines sociales que, al menos en teoría, garantizarían ahora la colegiación obligatoria. Por decirlo de manera simple, lo que el TC hace no es refrendar la constitucionalidad de la colegiación obligatoria, sino defender la constitucionalidad de las leyes que contemplan la colegiación obligatoria.

La Sentencia del Tribunal Constitucional [STC] 131/1989 razonó que “dentro del ámbito funcionarial, no todas las profesiones tienen un contenido igual o semejante en relación con su finalidad, por lo que la inexistencia de una reglamentación igual encuentra su fundamento y razonabilidad en el distinto grado o alcance del interés público afectado, y, de otra parte, se constata, como ya hemos hecho en el fundamento jurídico precedente, que la obligatoria colegiación de los médicos en activo se justifica en una legítima decisión del legislador –quien puede, asimismo, exceptuar los casos en que dicho requisito de la colegiación obligatoria no haya de exigirse–  y en la concurrencia de valores y derechos constitucionales como la salud, la sanidad y la vida e integridad física de los ciudadanos que están en juego con ocasión del ejercicio de la profesión médica"

Bien, si la obligatoriedad de la colegiación de los profesionales sanitarios sólo puede justificarse como defensa de valores constitucionales (la salud, la sanidad (¿?) y la vida e integridad física), que alguien me diga a mí qué tipo de controles deontológicos y de buena práctica realizan actualmente los colegios que conocemos hoy en día para garantizar esos valores y derechos: absolutamente ninguno. Porque no pueden hacerlo, pero también porque de hacerlo se meterían en un berenjenal de cuidado. De ahí que mi opinión es no a la colegiación obligatoria a estos colegios que a mí, como ciudadano y como paciente, no me aportan nada. Y ello no puede justificar, al menos en la actualidad, la anulación de un derecho fundamental, como es el de libre asociación.

Dice Carlos:

Sin embargo, cuando la Constitución previó a los Colegios Profesionales anudó para esas Instituciones la ordenación del ejercicio de algunas Profesiones. Será, entonces, la Ley la que nos diga qué Profesiones dejan de ser "enteramente libres" para estar sometidas a un régimen peculiar ¿Y qué Profesiones serían esas? La jurisprudencia ya lo ha dicho: aquellas que incidan sobre bienes jurídicos de relevencia, como la vida, la integridad, la salud, la seguridad, ...

Sin embargo, la STC 194/1998 es muy clara: “la obligación de incorporación a un colegio para el ejercicio de la profesión se justifica, no en atención a los intereses de los profesionales, sino como garantía de los intereses de sus destinatarios. En el caso de quienes trabajan en centros públicos, esa garantía puede ser asumida por la Administración y, en consecuencia, la exención de colegiación aparece como una medida razonable, ajena a todo propósito discriminatorio contrario a [la igualdad ante la ley]".

Dado que esta entrada es un poco farragosa, porque se me pidió este tipo de análisis jurídico, dejaré para la próxima entrada la parte, digamos, más "sociológica" o política del debate. Buen fin de semana.

El rincón del demagogo (II)

Estrenó la sección el presidente de la Federación Española de Sociedades Científico-Médicas y hoy metemos en el rincón del demagogo al presidente o lo que sea del Consejo General de Enfermería. Con motivo de la entrega de un "galardón" sin nombre, que no aparece reseñado por ningún otro lado y del que no se informa más que en términos genéricos (reconocimiento, galardón) y dado que el Pisuerga pasaba por Valladolid, afirma el  Sr. González Jurado que "La Asamblea General del CIE ha mostrado su oposición unánime al proyecto de Ley de Servicios Profesionales [española] que introduciría la colegiación voluntaria para médicos y enfermeras que trabajen para la sanidad pública". Nada menos que 123 países debatiendo sobre la Ley de Servicios Profesionales española en un foro cuyo lema es Las enfermeras impulsan el acceso, la calidad y la salud... ¡Anda ya!

Como esto sería más propio del rincón del fantasma, pasamos al nuestro, al del demagogo. El caso es que la nota de prensa concluye así:

Basta apelar al sentido común para determinar que resulta del todo ilógico y contraproducente para el paciente permitir que el empleador y responsable logístico y organizacional del trabajo, sea, a su vez, quien decida también qué son y qué no son buenas prácticas, porque se convierte en juez y parte frente a sus empleados. Si esto es así, y el actual proyecto de ley de este modo lo contempla, los profesionales sanitarios españoles que trabajen no sólo para la sanidad pública, sino también para centros concertados con la seguridad social (aunque tengan titularidad 100% privada), no podrían negarse a realizar una práctica clínica o asistencial que consideren que implique riesgo para sus pacientes, porque el criterio deontológico sería el impuesto por su gestor, que podría perfectamente optar por priorizar el ahorro, la rentabilidad y/o la cuenta de resultados, frente a la propia seguridad de los ciudadanos.

O sea, exactamente lo mismo que ahora con colegiación obligatoria (perdón, universal). Los colegios carecen de competencias (y probablemente también de verdadera voluntad) para ser los responsables de este tipo de control "deontológico".

Señor González Jurado, igual tiene razón en sus propuestas, pero, por favor, busque otros argumentos que no sean demagógicos...

No salió del todo bien...

Hace escasos meses se daba por sentado (recordemos este titular: "El apoyo de Pajín a la colegiación obligatoria es total. Se lo confirma a médicos y enfermeros") que el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad apoyaría la colegiación obligatoria para todos los profesionales sanitarios en el proceso de elaboración de la futura ley de servicios profesionales . Por si le quedaba alguna duda, los presidentes de los consejos generales de enfermeras y médicos daban una vuelta de tuerca para intimidar al gobierno convocando la cumbre del mundo mundial en defensa de los 100 millones de euros que recaudan anualmente entre ambos.

A la vista de lo que sucedió finalmente el viernes pasado (ver aquí o aquí, entre otros muchos sitios), la cosa ya no está tan clara. A pesar de lo intimidatorio de la escenificación por parte de los dos "grandes luchadores" convocantes y de los 1.600 representantes médico-enfermeros congregados, Pajín parece haber aceptado las órdenes de la Vicepresidenta Segunda, Elena Salgado, y chafar la excelsa representación de los dos líderes sanitarios, toda ella sufragada por los forzosos colegiados (y también de los voluntarios en ciertas comunidades, ya no de momento en Galicia, chapeau por ellos).

Al tiempo, Rajoy sí que no defraudó y se manifestó rotundamente a favor de la colegiación obligatoria, hasta el punto de haber presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

Como dice MAA, seguiremos informando...

Como un borracho a una farola...

El comunicado de hoy de la OMC sobre la cumbre del mundo mundial (por cierto, el CGE ha adoptado un perfil muy bajo, ni siquiera hay referencias en su web o en Diario Enfermero) desvela a las claras su único y exclusivo objetivo: intimidar al gobierno, como decíamos ayer. En él se afirma con rotundidad, sin matices, que "es la propia Constitución Española (art.36) la que recoge esta visión actual y democrática de las profesiones reguladas, de sus derechos y deberes, y exige la universalidad de la colegiación y el control deontológico de los profesionales".

Veamos: Artículo 36 de la Constitución Española: "La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos". Punto. Nada sobre colegiación obligatoria, nada sobre derechos  de las profesiones reguladas, nada sobre control deontológico, aunque sí sobre deberes (funcionamiento democrático, que se lo digan al CGE).

De eso sí se trata en la vigente  -aunque varias veces modificada-  Ley de Colegios Profesionales (predemocrática, ya que es de 1974), que dice: "Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una Ley estatal". Punto.

Veamos: la Ley de Colegios Profesionales habla de todos los colegios, entre ellos, además de los evidentes: médicos, enfermeras, abogados, farmacéuticos, arquitectos..., algunos ciertamente pintorescos (no las profesiones, sí el hecho de que sean corporaciones públicas):

Colegios Oficiales de Joyeros

Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior

Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo

Colegios Oficiales de Administradores de Fincas

Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Industrial

Colegios Oficiales de Agentes Comerciales

Colegios Oficiales de Detectives Privados

Colegios Oficiales de Agentes y Comisionistas de Aduanas

Colegios Oficiales de Pilotos de la Aviación Comercial

Colegios Oficiales de Protésicos Dentales de España

Colegios Oficiales de Publicitarios y Relaciones Públicas

Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales

Colegios de Gestores Administrativos

Colegios Oficiales de Pesadores y Medidores Públicos

Colegios Oficiales de Guías Turísticos

Colegios Oficiales de Higienistas Dentales

Es evidente que hay colegios y colegios, pero la ley es para todos; el beneficioso régimen fiscal también es para todos; y la pretensión de colegiación obligatoria que tratan de colar prácticamente todos los estatutos de estos colegios se entendería sin problemas como una serie de ataques frontales contra el derecho constitucional de libertad de asociación y así lo reconoce sistemáticamente el Tribunal Constitucional (aunque las reformas que está planteando ahora el gobierno tienen que ver con la defensa de la competencia, una postura que está siendo descalificada por los colegios como "neoliberal": ¿hay algo más neoliberal que la autorregulación, el laissez-faire?)

Lo torpe es defender las propias posiciones tratando de enredar a ver si cuela: si la Constitución amparara la colegiación obligatoria, ésta sería también para los joyeros, los guías turísticos o  los decoradores, porque el artículo 36 no hablaría en ningún momento de enfermeras, médicos o detectives privados. Así que ampararse en el famoso artículo 36 es utilizar la Constitución como un borracho a una farola: no para iluminarse, sino para agarrarse (y no caerse).

Lo que las corporaciones profesionales deberían hacer sería convencer a la sociedad y a sus representantes políticos de sus aportaciones concretas en tanto que corporaciones públicas, respondiendo a una pregunta tan sencilla como: ¿En qué me ayudan a mí el CGE o la OMC para garantizarme efectivamente que mi enfermera y mi médico de familia o mi urólogo se mantienen al día, se forman, adoptan guías de buena práctica asistencial, siguen protocolos y normas deontológicas, por ejemplo en su relación con los laboratorios, y son controlados en sus conflictos de intereses, como la objeción de conciencia, los ensayos clínicos o los cuidados a pacientes terminales?


A fin de cuentas, los colegios de farmacéuticos gestionan los cobros y pagos de la prestación farmacéutica pública; los colegios de abogados gestionan el turno de oficio; los de arquitectos llevan el visado obligatorio de obras; los de psicólogos o trabajadores soociales aportan mediadores judiciales o sociales y peritos... Lo harán bien o mal, estará mal o bien que lo hagan, pero hacen algo que los relaciona con la sociedad.


En vez de hacer tantos aspavientos intimidatorios, deberían ser capaces de ofrecer algo a cambio de la colegiación obligatoria: Si tú me la respetas, yo me comprometo lealmente a .................................................. (rellenar la línea de puntos).

La cumbre del mundo mundial

Dentro de la intensa campaña política que están desplegando el Consejo General de Enfermería [CGE] y la Organización Médica Colegial [OMC], destinada a intimidar al Gobierno para que no se atreva, como es su intención, a exonerar a los empleados públicos sanitarios de la colegiación  obligatoria, ambas corporaciones van a gastarse una cantidad no desdeñable de las perras que amablemente extraen de los bolsillos de sus colegiados en celebrar lo que han titulado pomposamente "Cumbre Mundial Médico-Enfermera para garantizar la seguridad de los pacientes". Abrirá la cumbre una "conferencia" del jefe de la oposición, Mariano Rajoy, y la clausurará la ministra de sanidad, Leire Pajín, a quien podremos  escuchar escoltada por Rodríguez Sendín y González Jurado, de manera que, tanto gobierno, como oposición, van a tener que "retratarse" delante de una selecta audiencia internacional.

A los demás, tratarán de vendernos la ecuación regulación profesional = colegiación profesional obligatoria, incluso aunque intervengan representantes de algunos países donde, claro que hay que estar registrado para poder ejercer, como en todos los países del mundo, pero no estar "colegiado" ni pagar cuotas (más que de entrada al registro y son tasas públicas, no cuotas privadas). Por ejemplo, el Nursing and Midwifery Council británico o la Australian Health Practitioner Regulation Agency no poseen afiliados, son meros órganos agenciales de registro y control de todos los profesionales sanitarios.

En fin, en la cumbre del mundo mundial intervendrán tres representantes no colegiales (Australia, Estados Unidos y el Reino Unido),  frente a cinco colegiales (las cámaras alemanas, los colegios españoles y las órdenes francesas, italianas y portuguesas). Y presentarán el tema como que, más allá de pequeños matices locales, registro = colegiación (por cierto, en el caso alemán participa la cámara médica y no la enfermera... porque la enfermería no es, en Alemania, una profesión colegiada y por tanto no hay cámara de enfermeras. El porqué sería una buena pregunta para que la formulara el líder máximo enfermero).

Pienso que los colegios no deberían ser la única excepción arcaica al derecho fundamental constitucional (art. 23) de libre asociación y que no son la fórmula más eficiente, ni transparente, de regular las profesiones. Puedo estar equivocado o tener razón (posiblemente un poco de ambas cosas),  pero cuando he argumentado mi posición he tratado de hacerlo con absoluto respeto a la verdad y a las ideas de quienes no opinan lo mismo. Sin embargo, ellos hacen trampa y tratan de engañarnos como si fuéramos tontos.

Un ejemplo, digno quizás de la sección el rincón del demagogo que estrenamos la semana pasada: Dice literalmente la OMC: Una Ley que obviara la colegiación obligatoria de los Médicos que desempeñan su profesión bajo la dependencia de una Administración Pública (...) sería una ley que incurriría en lo que el Tribunal Constitucional denominó desviación del poder legislativo, por apartarse del mandato que le otorga al legislador la propia Constitución (artículo 36)".

Veamos qué dice el alto tribunal: Sentencia del Tribunal Constitucional 131/1989: "Incluso dentro del ámbito funcionarial, no todas las profesiones tienen un contenido igual o semejante en relación con su finalidad, por lo que la inexistencia de una reglamentación igual encuentra su fundamento y razonabilidad en el distinto grado o alcance del interés público afectado, y, de otra parte, se constata, como ya hemos hecho en el fundamento jurídico precedente, que la obligatoria colegiación de los Médicos en activo se justifica en una legítima decisión del legislador, quien puede, asimismo, exceptuar los casos en [que] dicho requisito de la colegiación obligatoria no haya de exigirse".

Lo dicho: ¡Trampa!

El rincón del demagogo (I)

 Personalmente, defiendo la colegiación universal por razones inherentes a la seguridad del paciente, existe un control sobre la titularidad y conocimiento médico, por razones de ética, por razones de retroacción y orden. Siempre será mejor que esta labor la ejerzan las corporaciones profesionales que no el propio segmento empleador que se convierte en juez y parte. Juan Manuel Bajo Arenas, presidente de la Federación Española de Asociaciones Científico-Médicas: Médicos y Pacientes, 9 de abril de 2011.

Comentario.- Vamos a ver, si "el propio segmento empleador" es juez y parte (quién dice que no lo sea), ¿es que no lo son también las corporaciones profesionales? O ¿es que son un ente abstracto por encima del bien y del mal, sin intereses definidos?

Señor Bajo Arenas, igual tiene razón en sus propuestas, pero, por favor, busque otros argumentos que no sean demagógicos...