El rincón del demagogo: (V) Ana Mato

Una primera advertencia, antes de argumentar sobre los méritos de la escogida de hoy para el rincón del demagogo: yo no estoy (estaría) en contra de la decisión de excluir ciertos medicamentos de uso común y bajo precio de los financiados por el Sistema Nacional de Salud; de hecho, de entre las alternativas de recortes que se planteaban hace unos meses era una de las primeras que yo hubiera adoptado. Máxime al ver alguno de los desatinos que se han incluido en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. No estoy de acuerdo con las formas (trágala a las autonomías), ni con el instrumento (real decreto ley que elude el debate democrático) y no sé si con los medicamentos incluidos y/o excluidos,  porque no soy sanitario.

A ver si me explico, que diría el castizo: en los procesos de reforma desde el lado de la oferta tendentes a controlar los costes sanitarios, siempre ha existido un intenso debate (más ideológico que científico, por lo general) sobre si es prioritario o preferente actuar sobre la cobertura objetiva o sobre la cobertura subjetiva. La cobertura objetiva hace referencia a qué servicios y prestaciones se reconocen como derecho de la población protegida por el sistema de salud, mientras que la cobertura subjetiva hace referencia, precisamente, a cuál será la población a la que se le reconocerá el derecho a estar protegida por el sistema de salud. Siempre he pensado que una mirada progresista sobre la sostenibilidad de los servicios de salud debería pensar que es preferible tocar a menos cada uno a que sean menos a quienes les toca. Ya sé que estos temas son demasiado complejos como para abordarlos en una entrada en un blog, pero qué le vamos a hacer, habrá que opinar sobre ellos, no sólo en artículos o libros (donde también lo he hecho, claro), sino también en lugares de encuentro para que todo el mundo pueda opinar.

El gobierno de Mariano Rajoy y el ministerio de Ana Mato han optado, como era previsible y hasta lógico,  jugar a todos los palos. Pero, por decirlo de una manera suave y espero que ilustrativa, sacar prestaciones (no esenciales) del sistema me parece un molesto mosquito si lo comparo con el dañino buitre que representa sacar personas del sistema, como inicuamente se ha hecho.

¿Porqué, entonces, traigo a la ministra a este rincón del demogogo? No por lo que ha hecho, que es perfectamente discutible, sino por su forma de defender lo que ha hecho. Como siempre digo en este rincón, puedo estar en desacuerdo con muchas cosas, pero no soporto que las decisiones se justifiquen, en vez de explicando honestamente el razonamiento que ha seguido el propio impulsor de la medida, pensando deshonestamente que el pueblo llano es idiota y que si uno se ciñe al argumentario de Génova (o de Ferraz) y lo repite machaconamente hará calar el mensaje que se desee.

Dice Mato, y está entrecomillado, que se trata de “medicamentos para afecciones leves que pueden ser sustituidos por otro producto, muchas veces natural”, dando a entender que la medida trata de poner coto a la automedicación y de que las  personas humanas, ignorantes como semos, siempre creemos que es mejor una cajita con pastillas que un sobre con hierbas.

Pero no, de lo que habla el real decreto ley es de recetas razonadas, rellenadas y firmadas por un médico, odontólogo o podólogo (o enfermera, allí donde está reglamentado), es decir que a quien se dirige la ministra no es a los ciudadanos de pie, sino a los profesionales de la salud, recomendándoles que vuelvan su atención a los productos naturales. Y es que la medida aprobada en el RDL no persigue una mejor prescripción médica , sino excluir de la financiación pública una serie de medicamentos que sí pueden seguir siendo recetados por los profesionales del sistema sanitario público, pero que deberán ser abonados por sus pacientes. Es un tema únicamente de quien tiene que rascarse el bolsillo, no de capacidades prescriptoras.

Por no tener el coraje y/o la voluntad y/o la honestidad de explicar porqué se ha adoptado realmente esta polémica medida y enmascararla en topicazos, trampas y arabescos, Ana Mato, ¡al rincón del demagogo, junto con sus ilustres predecesores!

El rincón del demagogo: Máximo González Jurado

Ya había estado a punto de entrar unas cuantas veces, pero es que esta vez lo ha puesto realmente 'a huevo', por lo que entra por la puerta grande: Máximo González Jurado, presidente en funciones del Consejo General de Enfermería español, dice en su órgano de agitación y propaganda, Diario Enfermero, que la 'prescripción enfermera' ha sido fruto de su larga lucha, como puede 'comprobarse en las hemerotecas' y que "ha conseguido cambiar la Ley del medicamento en un tiempo récord y que se elabore un decreto que viene a regular esta nueva competencia". Obsérvese el patético tono épico que emplean sus empleados para describir la larga lucha de tan esforzado prócer:

No, señor González. A usted, hasta que no vio la oportunidad de hacer negocio  -en eso sí que no es posible negar su gran habilidad-,  la 'prescripción enfermera' le dio igual y las hemerotecas están ahí, efectivamente, para mostrar la gran chapuza que, con su complicidad, se puso en escena en 2006. El único argumento que puso usted sobre la mesa es que era preciso dar cobertura legal a lo que ya venían haciendo las enfermeras, 'recomendar' medicamentos sin receta.

El proceso legislativo de reconocimiento de la prescripción enfermera fue azaroso, ya que necesitó de tres intentos y tuvo incluso su interludio kafkiano. El primer intento se produjo durante la tramitación y aprobación, en 2006, de la Ley de garantías y Uso racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y el segundo, mediante una proposición no de ley presentada por CiU en julio de 2006 y que fue desestimada por la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, también con el rechazo del grupo socialista, como contundentemente lo expresó su portavoz en la comisión el 22 de noviembre de 2006: “Pues bien, señorías, les decía que estoy firmemente convencida de que acertamos todos cuando, al aprobar la Ley del Medicamento en los aspectos que hacen referencia a la prescripción de los medicamentos, acordamos que la prescripción de los medicamentos estuviera única y exclusivamente en manos de médicos, odontólogos y veterinarios”.

El segundo (y medio) intento tuvo lugar casi dos años después de la aprobación de la Ley del Medicamento, en febrero de 2008, cuando el Ministerio de Sanidad y Consumo trataba de desarrollar una supuesta disposición adicional decimosegunda de la Ley del Medicamento tal como fue publicada en el BOE. Pero en un momento dado, el Consejo de Estado  -alertado por el entonces presidente de la OMC, Isacio Siguero-  advierte y comunica al Gobierno que el texto de la disposición adicional duodécima de la Ley del Medicamento publicado en el BOE hacía casi dos años no se correspondía con el definitivamente aprobado por el Congreso de los Diputados, sino con el de una de las enmiendas aprobadas por el Senado que fue rechazada en el Congreso y que al parecer fue incluida por error en el texto enviado al BOE. Una vez comprobado en el Diario de Sesiones que se trata efectivamente de un error, el BOE del 25 de abril de 2008
publica casi dos años después de su aprobación una corrección de errores que finalmente deslegitima al Gobierno para regular la prescripción por parte de enfermeras y podólogos. El Ministerio de Sanidad y Consumo estuvo, por tanto, trabajando casi dos años para desarrollar una disposición legal que no sólo no se había aprobado, sino que el propio Grupo Parlamentario Socialista había rechazado en el Congreso por dos veces. Incluso las enfermeras participantes en los grupos técnicos de trabajo, incluidas las designadas por el CGE, se vieron sorprendidas por este desenlace después de más de un año de trabajo.

Lo cierto es que ello resultó providencial para la enfermería, ya que, congruentemente con la posición hostil frente a la prescripción enfermera mantenida hasta entonces por el gobierno socialista, con la anuencia del Consejo General de Enfermería que usted presidía y preside y copiando casi literalmente la normativa francesa, el borrador de orden sólo reconocía la capacidad de las enfermeras para indicar productos sanitarios, en ningún caso medicamentos: ni una aspirina.

El tercer y definitivo intento comienza con otra proposición, esta vez de ley, del grupo parlamentario de Convergència i Unió, presentada el 20 de febrero de 2009, cuya impulsora fue una diputada enfermera, Contxita Tarruelles, a quien se debe, para bien o para mal, el tratamiento legal actual de la 'prescripción enfermera'. Sólo unos días después, el 2 de marzo, el Grupo Socialista del Congreso presenta su propia proposición de ley, que en su parte dispositiva reproduce casi por completo, aunque con algún matiz más restrictivo pero no muy relevante, la redacción de la iniciativa catalana. El giro en la posición del PSOE fue tan radical que sólo puede explicarse por dos motivos. Por un lado, las negociaciones parlamentarias para el apoyo a un Gobierno en minoría que ha optado por no establecer pactos de legislatura y trabajar con “geometría variable”, lo cual incluía de forma muy privilegiada los 10 escaños de CiU con vistas a las medidas anticrisis y la Ley de presupuestos generales para 2010. Y por otro lado, la aprobación apenas unos meses antes, por parte de la Junta de Andalucía (socialista también), de su propio decreto de prescripción enfermera. En definitiva, la Ley fue aprobada el 22 de diciembre de 2010 y publicada en el BOE el 31 del mismo mes, entrando en vigor el 1 de enero de 2010.

Lo cierto es que la 'prescripción enfermera' nunca le importó lo más mínimo a ninguna de las élites enfermeras, ni tampoco a usted. Las élites docentes e investigadoras no tenían ningún interés, porque 'eso' era 'medicina' y ellas, almas enfermeras puras. Las élites corporativas  -o sea, usted-  tampoco, porque no tenía valor de mercado. Si acaso confirman algo las hemerotecas es que el único liderazgo que realmente movilizó a las enfermeras a favor de la prescripción desde el principio fue su odiado enemigo, el Sindicato de Enfermería-Satse. Usted, en todo caso, en lo que sí debió influir fue en el acceso de los podólogos, que es la única profesión asistencial que ha desempeñado porque nunca ha trabajado como enfermero, a la élite prescriptora autónoma, junto a médicos y odontólogos (y conste que a mí me parece bien que todo el que tenga pacientes pueda recetarles medicamentos dentro de su ámbito).

Como hemos visto, las dos iniciativas legislativas corrieron a cargo de Convergència i Unió, a quienes no cabe suponer que estuvieran a tiro de su titánica actividad lobbista o en nómina. Así que no se nos tire ahora el folio, diga a sus hagiógrafos a sueldo, pagados como usted y sus conmilitones por todas las enfermeras, que se ocupen de temas más importantes y usted, personalmente, deje de hacer el fantasma y de tergiversar la historia. ¡Al rincón del demagogo! (y no será la última vez, seguro).

El rincón del demagogo (III)

Hoy vamos a encerrar en el rincón a Juan Pedro Jiménez Tamplin, portavoz de hospitales del Sindicato Médico Andaluz [SMA], a quien no le ha gustado nada la idea de que un diplomado en enfermería (en sus estúpidos e intencionados términos  -nadie se crea que es un lapsus, estos cromañones con poco neocortex frontal lo hacen sistemáticamente hasta en sus charlas de cacería de mamuts-  "ATS") pueda optar a la dirección de una Unidad de Gestión Clínica [UGC] hospitalaria; en concreto en este caso, a las de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Puerta del Mar, de Cádiz y Pediatría y Áreas Específicas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Del comunicado del SMA se hizo eco la edición de Andalucía del periódico "El Mundo", que amplía el comunicado sindical. En declaraciones al diario, Jiménez Tamplin dice que sólo los médicos deberían poder optar a las direcciones de las UGC, "primero, por la calidad asistencial de los pacientes y, segundo, por los derechos de los médicos".

Señor Jiménez Tamplin, ¿podría usted explicarnos en qué podría dañar la "calidad asistencial" que prestan los médicos, enfermeras y otro personal de esas unidades el hecho de que un director con la necesaria cualificación directiva, formación, experiencia y competencias, siempre públicamente demostradas, se diplomara en su momento en Enfermería o se licenciara en Medicina y Cirugía, si después ha construido una carrera orientada a la gestión que le legitima como directivo?. Porque las direcciones de las UCG son puestos directivos o de gestión sanitaria y requieren una formación transversal, a la que en principio puede acceder cualquier profesional con titulación universitaria en ciencias de la salud.

¿Que sepa mucha pediatría o sea un excelente cirujano, que se haya formado 11 ó 12 años en esas áreas de conocimiento puramente médicas, garantiza o influye en su capacidad de liderazgo, en su manejo de habilidades y competencias directivas, en sus capacidades negociadoras hacia fuera  -gerencia-  y hacia dentro  -equipo-? Es evidente que nadie se cree que ustedes sitúen, como colectivo, la calidad asistencial por encima de los "derechos" de los médicos, ya que los intereses corporativos son la única razón de ser de los sindicatos corporativos. Y para eso están, sin duda, es su legítima tarea, no la escondan.

Pero por lo que le mandamos al rincón del demagogo no es por eso, digamos que, de tan manido, es un pecado venial, sino por la expresión "los derechos de los médicos". A ver: vale que defienda a sus representados, incluso a la "clase médica" si le sigue gustando utilizar este rancio término, pero no se trata de derechos [DRAE: Justo, legítimo, fundado, cierto, razonable]: se trata de intereses [provecho, utilidad, ganancia, conveniencia, beneficio]. Igual que el necio confunde valor y precio, el demagogo confunde los intereses con derechos.

El rincón del demagogo (II)

Estrenó la sección el presidente de la Federación Española de Sociedades Científico-Médicas y hoy metemos en el rincón del demagogo al presidente o lo que sea del Consejo General de Enfermería. Con motivo de la entrega de un "galardón" sin nombre, que no aparece reseñado por ningún otro lado y del que no se informa más que en términos genéricos (reconocimiento, galardón) y dado que el Pisuerga pasaba por Valladolid, afirma el  Sr. González Jurado que "La Asamblea General del CIE ha mostrado su oposición unánime al proyecto de Ley de Servicios Profesionales [española] que introduciría la colegiación voluntaria para médicos y enfermeras que trabajen para la sanidad pública". Nada menos que 123 países debatiendo sobre la Ley de Servicios Profesionales española en un foro cuyo lema es Las enfermeras impulsan el acceso, la calidad y la salud... ¡Anda ya!

Como esto sería más propio del rincón del fantasma, pasamos al nuestro, al del demagogo. El caso es que la nota de prensa concluye así:

Basta apelar al sentido común para determinar que resulta del todo ilógico y contraproducente para el paciente permitir que el empleador y responsable logístico y organizacional del trabajo, sea, a su vez, quien decida también qué son y qué no son buenas prácticas, porque se convierte en juez y parte frente a sus empleados. Si esto es así, y el actual proyecto de ley de este modo lo contempla, los profesionales sanitarios españoles que trabajen no sólo para la sanidad pública, sino también para centros concertados con la seguridad social (aunque tengan titularidad 100% privada), no podrían negarse a realizar una práctica clínica o asistencial que consideren que implique riesgo para sus pacientes, porque el criterio deontológico sería el impuesto por su gestor, que podría perfectamente optar por priorizar el ahorro, la rentabilidad y/o la cuenta de resultados, frente a la propia seguridad de los ciudadanos.

O sea, exactamente lo mismo que ahora con colegiación obligatoria (perdón, universal). Los colegios carecen de competencias (y probablemente también de verdadera voluntad) para ser los responsables de este tipo de control "deontológico".

Señor González Jurado, igual tiene razón en sus propuestas, pero, por favor, busque otros argumentos que no sean demagógicos...

El rincón del demagogo (I)

 Personalmente, defiendo la colegiación universal por razones inherentes a la seguridad del paciente, existe un control sobre la titularidad y conocimiento médico, por razones de ética, por razones de retroacción y orden. Siempre será mejor que esta labor la ejerzan las corporaciones profesionales que no el propio segmento empleador que se convierte en juez y parte. Juan Manuel Bajo Arenas, presidente de la Federación Española de Asociaciones Científico-Médicas: Médicos y Pacientes, 9 de abril de 2011.

Comentario.- Vamos a ver, si "el propio segmento empleador" es juez y parte (quién dice que no lo sea), ¿es que no lo son también las corporaciones profesionales? O ¿es que son un ente abstracto por encima del bien y del mal, sin intereses definidos?

Señor Bajo Arenas, igual tiene razón en sus propuestas, pero, por favor, busque otros argumentos que no sean demagógicos...