Quienes no somos enfermeras –la mayor parte de los cuales algún día seremos pacientes– tenemos un interés claro en ayudar a que las enfermeras obtengan mayores recursos educativos. Pero ese interés social en la educación enfermera y su financiación depende de la seguridad que tengamos de que las facultades de enfermería producirán gente que quiera cuidar de nosotros cuando estemos enfermos. Si una formación de cuatro años para ser enfermera resulta deseable será porque la educación resolverá la escasez de enfermeras, no los problemas de inferioridad del estatus profesional de la enfermería (Gordon S, 2005. Nursing against the odds: how health care cost cutting, media stereotypes and medical hubris undermine nurses and patient care, Nueva York, Cornell University Press.)
La cita que reproducimos es de una periodista americana especializada en temas sanitarios y especialmente en la enfermería; fue escrito cuando en los EEUU se debatía una reforma de los estudios de enfermería relativamente similar a la que aquí está teniendo lugar con la adaptación al EEES (aumentar la duración delos estudios básicos para poder trabajar como enfermera), y nos viene como anillo al dedo para ilustrar nuestra tesis principal: los procesos de desarrollo de las profesiones deben responder, en términos evolutivos, a lógicas sociales. Cuando se proponen desarrollos –incluso aunque éstos consigan un cierto reconocimiento formal– que no responden a necesidades sociales reales (económicas, organizativas, tecnológicas, demográficas, culturales... o simplemente funcionales), sino a reivindicaciones o demandas de las propias profesiones, desligadas de cualquier utilidad social, se quedan en nada porque al final estos desarrollos tienen que ser aplicados en el mundo real por agentes (instituciones y organizaciones) que sí están obligados a responder a necesidades reales: políticas, sanitarias, tecnológicas o económicas.
Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con el desarrollo normativo de las especialidades enfermeras de 1987 en España y que no fue sino la consecuencia de una sinergia entre dos situaciones, política la primera, administrativa la segunda: por un lado, las élites enfermeras fueron capaces de forzar un desarrollo legislativo muy avanzado (apenas comenzaba a establecerse entonces en un puñado de países con un background enfermero mucho más intenso y extenso) sólo siete años después de que se diplomara la primera promoción de enfermeras universitarias y estando aún decenas de miles de enfermeras realmente ocupadas tratando de homologar sus viejos títulos de ATS por los de diplomados universitarios; consiguieron incluso que se creara una especialidad tan abstrusa en términos generales como beneficiosa en términos particulares (Gerencia y Administración de Enfermería).
Por otro lado, el proceso de ordenación profesional de la enfermería tuvo que afrontar el problema que suponía la existencia de miles de enfermeras legalmente diplomadas en especialidades ajenas por completo a una concepción moderna (modernidad de entonces, al menos) de la enfermería como análisis clínicos, radiología, urología y nefrología o neurología.
Para tratar de dar respuesta a ambas necesidades nació el decreto de especialidades enfermeras de 1987 que nunca tuvo desarrollo, precisamente porque no respondía a lógicas sociales o asistenciales, simplemente a necesidades políticas y administrativas. Los servicios de salud no percibieron las ventajas de contar en sus plantillas –y naturalmente en sus nóminas– con especialistas diferentes a las matronas y sí las desventajas: mayores costes, menor versatilidad y movilidad ocupacional, fragmentación de las plantillas, conflictos intra e interprofesionales... De ahí que hubiera que esperar 18 años a que el decreto de especialidades de 2005 volviera a regular (y no meramente a desarrollar) las especialidades enfermeras.
Aunque a ello hay que añadirle la sospechosa coincidencia temporal del acceso a la dirección del Consejo General del actual politburó, cuyos miembros fueron dolosos y silenciosos cómplices durante tanto tiempo, lo cierto es que el sistema sanitario no estaba maduro para un cambio tan radical.
Por ello, la pregunta más interesante en estos momentos es la siguiente: ¿responden realmente los nuevos desarrollos administrativos de la enfermería (grado, especialidades, prescripción) a necesidades y demandas reales del sistema sanitario o se trata de un intento por parte de la enfermería organizada y sus líderes de erosionar el poder médico para alcanzar una posición más ventajosa en su ecosistema profesional, como se afirma desde tantas organizaciones médicas?
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