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miércoles, 30 de mayo de 2012

'Maltrato indecente'

Publicaba la pasada semana el diario español EL PAÍS una carta al director de Enrique Costas Lombardía, prolífico polemista siempre a contracorriente, exvicepresidente de la famosa Comisión Abril (*), sobre las ataduras a ancianos en las residencias. Dice que  -en su experiencia personal reciente-  son una práctica habitual y masiva. Titula la carta "Maltrato indecente" y claro que lo es si no responde a indicaciones asistenciales inequívocas en beneficio del propio residente. Pero como suele sucederle, Costas sólo ve  -o al menos presenta-  la parte del problema que mejor refuerza sus argumentos, de ahí que toda la culpa de este drama tenga que ver únicamente con la codicia de los empresarios de los centros, que recortan personal dejando a los ancianos amarrados y solos en grandes salas donde comparten miserias abandonados de toda humanidad, sólo para mejorar las cuentas de resultados. Seguro que muchas veces es así, pero se olvida de dos aspectos importantes: las propias costumbres, basadas en la comodidad, de muchos empleados (personal de enfermería, celadores, etc.) y de los propios cuidadores informales (familiares en muchos casos); y algunas prácticas, sancionadas 'técnicamente' por médicos y enfermeras como necesarias para la seguridad de los pacientes, que no están basadas en evidencias, sino una vez más en conveniencias.

Para más inri, la experiencia personal de Costas lo es en salas con pacientes de Alzheimer, un tipo de pacientes (demencia) que en ciertas etapas de su enfermedad están mucho más sometidos a estas prácticas restrictivas de la movilidad que el resto, prácticas que parecen guardar alguna relación con mayores riesgos para la integridad personal. El tema, me temo, no es tan simple, incluso para un mero espectador como yo (si bien parece que existen muchas dudas de que estas limitaciones físicas sean realmente efectivas desde un punto de vista exclusivamente del beneficio de los propios pacientes, como se encarga de enfatizar la bibliografía inicial del artículo que vamos a citar).

Coincide en el tiempo esta carta con un estudio publicado el mismo día (23 de mayo) en JAMA (Effect of a Guideline-Based Multicomponent Intervention on Use of Physical Restraints in Nursing Homes. A Randomized Controlled Trial; pdf aquí), en el que se proporcionan los resultados de un ensayo aleatorio controlado realizado en Alemania, en el cual se destaca que una intervención en nursing homes (nuestras residencias asistidas, digamos) puede conducir a una importante reducción en el porcentaje de pacientes sometidos a estas prácticas, sin que se produzca una mayor incidencia en caídas, fracturas asociadas a caídas o utilización de medicinas psicotrópicas.


La 'intervención' que relata el articulo consisitió en diferentes actividades de formación de los responsables de las salas y del personal de enfermería, así como de los pacientes y familiares, partiendo de unas guías de actuación basadas en evidencias que fueron desarrolladas contando con  la intervención de expertos, pero también de asociaciones de pacientes, representantes profesionales, empleados y directivos de los centros.

La reducción en el uso de ataduras y otros medios de contención, aunque significativa, sólo consiguió disminuir desde un 31.5% a un 22.6% en el grupo de intervención (en el grupo de control no hubo variación), lo cual demuestra que el problema es más complicado y complejo de lo que un observador profano, por muy indignado que esté, podría suponer.




Por otro lado, lo que los propios firmantes del artículo se encargan de poner en duda es si los resultados a tres y seis meses, técnicamente irrefutables, podrían sostenerse en el tiempo, evidenciando que se ha producido un 'cambio de cultura', o si bien será necesaria una intervención legal/reglamentaria penalizadora de prácticas que parecen muy laxas a este respecto.


Lo único radicalmente cierto es que el artículo está gozando de una amplia cobertura, tanto en medios de comunicación médicos, como de enfermería y generalistas. Y ello demuestra, al igual que la carta de Costas,  que existe una cierta sensibilización social sobre este importante y creciente drama humano. Lo cual no está mal.




(*) Revisando, como documentación, el staff directivo de la Comisión Abril (hace ya 21 años de su informe) encontramos a dos pesos pesados políticos de hoy: el actual Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa Rentería, y la actual Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo. Curioso devenir, este último, por cierto, para una médico de familia...

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