---------------- archivoefe: conflicto de intereses
Mostrando entradas con la etiqueta conflicto de intereses. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta conflicto de intereses. Mostrar todas las entradas

lunes, 25 de junio de 2012

Las amistades peligrosas

Por una de esas raras casualidades, acabo de leer algo que me hubiera venido al pelo a la hora de redactar la última entrada en el blog sobre las trampas científicas del lobby de la industria de las bebidas (no alcohólicas) y la asistencia imprescindible (pero no desinteresada) que les prestan muchas asociaciones científicas sanitarias, en el caso que comentaba el jueves nada menos que la propia cúpula corporativa médica, la Organización Médica Colegial.



La revista independiente (y de acceso abierto bajo licencia Creative Commons) PLoS Medicine anuncia que ha decidido poner el foco en la industria alimentaria (Big Food, adaptando la denominación comúnmente dada al lobby de la industria farmacéutica, Big Pharma) y que, por ello, va a publicar durante las próximas tres semanas una serie de artículos en los que se examinarán algunos aspectos relativos a las actividades de la industria de la comida y la bebida [food & beverage] y su influencia en el campo sanitario global. Y lo justifica, en su editorial, de la siguiente manera:

El papel de la industria en la salud es un tema que fascina a PLoS Medicine desde hace ya bastante tiempo pero nuestra atención sobre Big Food es nueva. La alimentación, a diferencia del tabaco o los medicamentos, es necesaria para vivir y es un tema crítico en lo que se refiere a la salud y la enfermedad. Pero las grandes compañías multinacionales controlan lo que come la gente de todo el mundo, lo que se traduce en una malsana e hiriente ironía: mil millones de personas pasan hambre en el planeta, mientras que dos mil millones son obesas o tienen sobrepeso.
Ha llegado el momento de que PLoS Medicine arroje un poco de luz sobre Big Food. En primer lugar porque las grandes empresas de alimentación y bebida poseen hoy en día una innegable presencia e influencia en el escenario global de la salud. Ya se trate de sus propios altos ejecutivos asesorando como expertos en reuniones de alto nivel a Naciones Unidas (como en este ejemplo) o de grandes proveedores globales de fondos para la salud conferenciando sobre lo que las organizaciones no gubernamentales deberían aprender de CocaCola, los enfoques y experiencias de Big Food están configurando crecientemente el campo global de la salud. Según su expertise se va amplificando en los debates sobre salud global, las empresas de alimentación van rebautizando como "empresas de nutrición" y ofertando visión empresarial y conocimiento en ciencias de la alimentación y en la distribución de alimentos, haciendo valer su autoridad en la solución de problemas, no sólo sobre producción de alimentos, sino también sobre la malnutrición, la obesidad e incluso la pobreza [Aquí hay un ejemplo, en concreto el de Nestlé].
La legitimación de las empresas de alimentación como expertos globales en salud se ve reforzada también por un número creciente de colaboraciones con organizaciones sanitarias públicas aparentemente diseñadas para fomentar acciones colaborativas que mejoren la salud y el bienestar de la gente. Pero la primera obligación de la industria alimentaria es impulsar sus beneficios vendiendo comida. ¿Por qué la comunidad sanitaria global encuentra aceptable la situación y cómo se concretan estos conflictos de interés?
(Además de este editorial, este número de PLoS Medicine publica los dos primeros artículos de la serie: Big Food, Food Systems, and Global Health y Soda and Tobacco Industry Corporate Social Responsibility Campaigns: How Do They Compare?)

Lo que más alarma es la capacidad de compra de almas y cerebros de estos lobbies y la manera en que ello deteriora la presunción de independencia de muchas asociaciones y líderes profesionales, una independencia que ya entra claramente en conflicto cuando se recibe financiación de intereses privados, pero que ya es claramente incompatible con cobrar de fondos de reptiles clandestinos creados por la industria. Y si hasta hace bien poco, lo normal era encontrar sólo a Big Pharma y a empresas de tecnología o suministros médicos esponsorizando congresos, reuniones o sociedades científicas, cada vez es más frecuente encontrar también a Big Food. Por ejemplo, el último Congreso de la Socieded Española de Endocrinología y Nutrición fue financiado, no sólo por varios de los principales laboratorios farmacéuticos, como siempre, sino también por CocaCola, Nestlé y Leche Asturiana.

martes, 19 de junio de 2012

Dejad que los niños se acerquen a mí

Hace unos días, en el contexto de un congreso de la Semfyc (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria), médicos de familia y pediatras de atención primaria se peleaban por ser los responsables de la atención pediátrica en la atención primaria, tal como nos lo cuenta Diario Médico. Evidentemente, los médicos de familia tienen toda la razón en este absurdo debate: si donde no hay pediatras se ocupan los médicos de familia y, según parece, no empeoran los resultados (al menos no hay noticias sobre este particular), es evidente, como diría Gila, que aquí alguien sobra.

Son muchos los paises donde la pediatría es una especialidad exclusivamente hospitalaria. Un estudio bastante reciente (2010) nos informa de que, de 29 países europeos examinados, en el 41% (12) es el médico de familia quien asume la atención sanitaria de los niños, en el 24% (7) existe la figura del pediatra de atención primaria y en el 35%(10) existe un sistema mixto, debido sobre todo a diferencias en los modelos organizativos regionales.

Además, comparando los resultados (ambos basados en cuestionarios a los delegados de las asociaciones de pediatras) con otros de 2002, la evolución es absolutamente contraria para las pretensiones de los pediatras de atención primaria, ya que en estos escasos ocho años el.porcentaje de países con atención pediátrica primaria a su cargo descendió del 35% al 24% y el de países en los que son los médicos de familia quienes la asumen aumentó del 18% al 41% (en el gráfico, a la izquierda el estudio de publicado en 2002; a la derecha, el de 2010).


¿Qué explica que en nuestro país siga existiendo: a) un modelo de AP a la infancia basado  -cuando se puede-  en los pediatras; y b) sin embargo, una carestía tan importante de pediatras de AP que obliga a muchos médicos de familia a asumir la atención pediátrica?

Es posible que los recorridos formativos de los médicos de familia debieran prestar más importancia a la atención pediátrica, pero por otro lado también parece lógico que, si hay pediatras de AP, estos recorridos formativos lo hagan sólo mínimamente. Pero ¿qué pasa si el médico de familia recién acabada su especialización llega a un centro de salud en el que tiene necesariamente que atender a la población infantil porque no hay pediatra suficientes? ¡Mala suerte!

Este es un absurdo que ejemplifica bastante bien que las decisiones en lo relativo a políticas profesionales, al menos en la sanidad que es lo que yo mejor conozco, no tienen demasiadas bases racionales, sino que se adoptan (o más bien se perpetúan) atendiendo al orden establecido, a las actividades de influencia de las organizaciones profesionales (pretendan ser, o no, 'científicas') y, una vez más, a las conveniencias (no hacer ni provocar ruido).

Y, por cierto: ¿por qué no tratar de orientar en la práctica la especialidad de Enfermería Pediátrica a la atención al niño sano en la comunidad y acabar así con la polémica entre pediatras y médicos de familia? ¿Por qué no reorganizar el sistema para que la atención sanitaria al niño sano sea un ámbito específico de las enfermeras especialistas en pediatría?

Veamos cómo define a esta enfermera especialista la Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Pediátrica:
3. Definición y perfil profesional del especialista vinculado a sus competencias profesionales

La enfermera especialista en Enfermería Pediátrica es el profesional capacitado para proporcionar cuidados de enfermería especializados de forma autónoma, durante la infancia y adolescencia, en todos los niveles de atención, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia al recién nacido, niño o adolescente sano o enfermo y su rehabilitación, dentro de un equipo multiprofesional y en colaboración con enfermeras especialistas de otras áreas.

Asimismo es el profesional que, con una actitud científica responsable ejercerá el liderazgo en el ámbito del cuidado al recién nacido, niño y adolescente, sano y con procesos patológicos agudos, crónicos o discapacitante, estando capacitado para planificar, ejecutar y evaluar programas de salud relacionados con su especialidad y desarrollar trabajos de investigación y docencia para mejorar la calidad de los servicios y colaborar en el progreso de la especialidad.
La cosa está clara, pero sucede que si se trabajara en esta línea de actuación ya legalmente reglamentada, seguro que médicos de familia  y pediatras de AP dejarían a un lado sus diferencias y se concentrarían en impedir que un intruso reclame unas competencias que les pertenecen por derecho propio.

Por cierto, como ya hicieron la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria [SOMAMFYC] y la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria [AMPAP], de la mano del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, cuando impugnaron el Decreto 52/2010, de 29 de julio, por el que se establecen las estructuras básicas sanitarias y directivas de Atención Primaria del Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid, que regularizaba lo que ya estaba sucediendo en la vida real: que el director de los centros de salud fuera un profesional sanitario, sin que fuera una prebenda exclusiva de los médicos; es decir, que pudiera ser, como ya venía sucediendo en numerosas ocasiones, una enfermera:


Como es bien sabido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio la razón. Pero, claro, las organizaciones recurrentes lo hicieron guiadas por el bien de los pacientes, de la calidad del servicio y del servicio público de salud, no por la defensa egoísta de sus prerrogativas (y de su estatus... y de las rentas que ello les proprociona). Como bien decía un artículo de hace un par de semanas en el semanario británico The Economist, "The doctors’ power rests on their professional prestige rather than managerial acumen, for which they are neither selected nor trained. But it is a power that they wish to keep". Es decir: "el poder de los médicos descansa en su prestigio profesional más que en sus habilidades gestoras, algo para lo que no han sido ni seleccionados ni formados. Pero es un poder que quieren retener".

martes, 13 de septiembre de 2011

De compras por internet...

... te encuentras de todo.

Pero no entiendes nada.

Y lo malo es que ya no te sorprende, sólo te intrigan los detalles.

miércoles, 23 de febrero de 2011

Sobre la objeción de conciencia de los sanitarios (segunda parte)


La OC sólo puede concebirse como la expresión de un conflicto de intereses entre profesional y paciente que no es lógico ni justo que se resuelva siempre a favor de una de las partes (el profesional) y en perjuicio de la otra (el paciente). Es sin duda la ausencia de cualquier tipo de regulación y control –administrativa o colegial– de los abundantes ejemplos de conflictos de intereses dentro de las profesiones sanitarias lo que ampara esta preeminencia profesional absoluta en la resolución de este conflicto específico. Revisando las diferentes regulaciones de nuestro entorno internacional, encontramos algunas opciones que podrían, y probablemente deberían, estudiarse.
  1.  El derecho a la OC es estrictamente individual y libre. No puede extenderse ni a centros sanitarios, ni a servicios o equipos.
  2. El profesional objetor deberá comunicar las condiciones y límites de su OC en un registro específico de conflictos de intereses. Asimismo, deberá comunicarlo a la dirección de su centro. En ambos casos deberían estar contemplados sistemas probatorios acerca de la sinceridad y carácter estrictamente individual de la decisión, muy especialmente cuando la acumulación de objeciones individuales imposibilite por completo alguna prestación en un servicio determinado. 
  3. Cuando un profesional se declare objetor deberá derivar a sus pacientes a otro profesional o servicio en el que pueda recibir la asistencia requerida. Esta información deberá recabarla el profesional de la dirección de su centro, pero deberá proporcionársela personalmente al paciente. 
  4. En ningún caso y bajo ningún concepto tratará el profesional objetor de convencer al paciente, desde posiciones morales, de la inaceptabilidad o inconveniencia de su solicitud de asistencia. Ello no obsta para que tenga la obligación de ofrecer información puramente clínica sobre todas las alternativas asistenciales –incluida la objetada– para que el paciente pueda adoptar una decisión informada. 
  5. Siguiendo un principio elemental de justicia distributiva, el profesional objetor deberá aceptar asumir otras funciones o tareas en sustitución de las que deja de realizar para nivelar las cargas asistenciales adicionales que está generando entre sus colegas.



La regulación es inevitable

Ningún grupo humano –mercados financieros, iglesias, ejércitos, medios de comunicación, partidos políticos, poder judicial... o profesiones– al que se conceda capacidad decisiva para autorregular su papel dentro de la sociedad, sus derechos, deberes, recursos y prerrogativas, sería capaz de resistir indefinidamente la tentación de incumplir sus propios códigos de autorregulación, cometer excesos y acabar intentando imponer sus valores e intereses a la sociedad a la que supuestamente sirve.

De eso se dio cuenta incluso el Papa Juan Pablo II –a quien no sería fácil acusar de peligroso izquierdista o sedicioso ateo­ sin moralidad–, quien en su mensaje con motivo del XXIV Día Mundial de la Paz (apartado VI), en 1991, afirmó que “la libertad de conciencia no da derecho a recurrir indiscriminadamente a la objeción de conciencia. Cuando una libertad reconocida se interpreta como una autorización o excusa para limitar los derechos de otros, el Estado está obligado a proteger, incluso por medios legales, los derechos inalienables de sus ciudadanos contra esos abusos”.

Si las organizaciones colegiales sanitarias no toman la iniciativa y pretenden que la OC siga en el confortable limbo jurídico en el que la situó el Tribunal Constitucional hace 25 años, antes o después habrá algún suceso estremecedor, producto del extremismo ideológico de algún perturbado con bata, que estremecerá a la sociedad y hará inevitable alguna iniciativa legal que sin duda no tomará tan en cuenta los intereses de quienes podrían ser señalados, en el mejor de los casos, como sus facilitadores.

martes, 22 de febrero de 2011

Sobre la objeción de conciencia de los sanitarios (primera parte)


Hace unos pocos días se ha publicado el Manifiesto de Sevilla sobre la objeción de conciencia entre los profesionales sanitarios, impulsado por una serie de organizaciones progresistas del sector. Al hilo de este manifiesto, quisiera reproducir algunas reflexiones que, con mayor extensión, realicé en otro foro hace  algunos meses. Por cierto, que esas reflexiones hicieron enfadarse mucho al presidente de la Organización Médica Colegial, que respondió con un tono faltón y tergiversador inhabitual en él, descalificando mi modesto y documentado artículo de opinión como "un libelo", lo cual demuestra la gran sensibilidad que despierta el tema entre sectores amplios de las profesiones sanitarias.

En general, desde las profesiones sanitarias se da por descontado –a menudo con un discurso innecesariamente agresivo y radical– que la objeción de conciencia [OC] no sólo es un derecho, sino que es un derecho absoluto y que resulta ilegítima e inmoral cualquier iniciativa reguladora por parte del estado.

De ahí que hasta el momento quede al libre albedrío de cada profesional rehusar por motivos de conciencia colaborar en procedimientos o dispensar medicamentos clínicamente indicados y legalmente reconocidos. Esta denegación se realiza exclusivamente en base a criterios morales, muy comúnmente de raíz religiosa o simplemente ideológicos, y para ello el profesional sólo tiene que comunicar verbalmente su decisión al paciente, decisión que no puede ser cuestionada y que sitúa a este último en una situación de patente indefensión, claramente incompatible con la absoluta primacía que el paciente se supone que tiene o debería tener en los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias .

Las corporaciones profesionales (colegios), que han sido reconocidas como entidades privadas de derecho público, y gozan de los privilegios (conscriptores, monopolistas, recaudatorios y fiscales) derivados de ese reconocimiento, no deberían creer que su papel social se limita a amparar el derecho de los profesionales a objetar (que también), sino que tienen la obligación de velar por la satisfacción del derecho que tienen los pacientes a que el profesional les dispense una asistencia sanitaria equitativa y sin más limitaciones que las legalmente establecidas. La OC puede ser admitida como un derecho individual, pero cuando es ejercida por colectivos enteros, retando a las leyes, derechos y ciudadanos, pierde tal condición porque la conciencia es un atributo individual, jamás colectivo: las organizaciones no tienen conciencia, sólo regulaciones legales.

Y es que, a la hora de analizar la OC, un aspecto importante a considerar es la diferencia entre conciencia, ideología y dogma. La conciencia descansa en valores o sentimientos morales; la ideología, en concepciones y creencias; y el dogma en códigos sectarios de conducta. Que los poderes públicos reconozcan como un derecho la objeción de una enfermera, un médico o un farmacéutico ante procedimientos que vulneran sus valores morales, su conciencia, puede ser una expresión de madurez democrática y tolerancia, pero amparar también a profesionales con objeciones ideológicas o dogmático-sectarias no sólo es conceptualmente absurdo, sino que es también socialmente injusto y debería ser ilegal.

En todo caso, las sociedades democráticas, plurales y tolerantes como la nuestra están en condiciones de reconocer este controvertido derecho, pero este reconocimiento exige una regulación legal, de manera que las corporaciones profesionales y los propios profesionales individuales dejaran de darlo por tácitamente reconocido, unilateralmente impuesto y subjetivamente interpretado y concretado, sin más límites que la propia creatividad. Porque estas no son reglas del juego, por más que cinco líneas de una sentencia del Tribunal Constitucional afirmen de pasada (en 1985) que forma parte de la libertad ideológica, religiosa y de culto amparada por el artículo 16.1 de la Constitución. Es evidente que es preciso algún tipo de regulación.

Mañana sigo con la segunda parte, donde concreto alguno de los fundamentos que a mi juicio deberían sustentar dicha regulación.