El año del dragón

Es hasta cierto punto sorprendente comprobar cómo uno de los temas que más preocupación debería generar entre profesionales y responsables de servicios de salud, en relación con la enfermería, simplemente no existe como tema de debate.

Como consecuencia de la implantación del famoso Plan Bolonia, el número de alumnos egresados de las facultades y escuelas de enfermería se va a reducir en casi un 60% en 2012 (y en un 40% en 2013). En concreto y según datos ofrecidos en sus webs por las universidades, para este año 2012, no se va a diplomar o graduar ni un solo estudiante en tres comunidades autónomas (las dos escuelas de Asturias, las cinco de Castilla-La Mancha y las 16 de Cataluña implantaron el grado en el curso 2009-2010, es decir que esta promoción se graduará en 2013), es decir, no va a producirse entrada alguna de enfermeras en el mercado laboral. Y eso sucederá también en ocho provincias de comunidades como Andalucía (cuatro), Aragón (dos), Canarias (una), Extremadura (una) y Galicia (una, más otras dos donde no existe escuela de enfermería).

Los únicos alumnos que se incorporarán al mercado laboral como enfermeras son los de aquellas universidades donde la implantación del grado se demoró al curso 2010-2011 y, como consecuencia, la promoción de 2009-2010 estudia este año el último curso de la diplomatura. Aunque no existen datos absolutos fiables porque el Ministerio de Educación no facilita los datos de plazas ofertadas por las universidades privadas, serán unos 4.200 egresados, frente a los casi 10.000 del pasado curso (estimación; el último curso para el que existen datos es 2009-2010, con 9.624), apenas suficientes para cubrir vegetativamente las bajas por jubilación, aunque tampoco aquí hay datos fiables, gracias a la gran labor de unas burocracias colegiales que, irónicamente, no cesan de reclamar para sí las competencias sobre los registros de profesionales: ¡dios nos libre!.

Como no hay mal que por bien no venga, en el actual contexto de crisis y de recortes resultará menos traumático este 'recorte de suministros', ya que no será frecuente que se abran nuevos servicios ni que se amplien significativamente el personal en los existentes; y, por otro lado, es posible que ayude a reducir de manera significativa las bolsas de desempleo enfermero existentes. Pero en aquellas comunidades (y en menor grado, provincias) donde no van a graduarse nuevas enfermeras, especialmente en Cataluña donde el idioma  -más bien la política lingüística, pero este es otro tema-  es una barrera añadida, va a resultar complicado sustituir las bajas que se vayan produciendo.

En cualquier caso, este numerus clausus de facto debería ser un factor a tener en cuenta por los servicios de salud y no se escucha nada al respecto en un sector tan parlanchín como el sanitario. Y lo que está claro es que no ayudará mucho a nivelar las ratios de enfermeras españolas con las de otros países de nuestro entorno.

Yo, de cualquier forma, estaré atento a ver qué sucede en el recién estrenado año del dragón...

Libro Blanco de la Sanidad de Madrid

Ayer se presentó el "Libro Blanco de la Sanidad de Madrid", en el que he contribuido con una modesta aportación. Al margen de su orientación claramente partidista (fue un encargo del candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista Madrileño, Tomás Gómez), sus coordinadores (José Manuel Freire, José Ramón Repullo, Luis Ángel Oteo y Manuel Oñorbe) han sabido mantenerse elegantemente al margen de posiciones sectarias y dotar al documento de un perfil técnico, pero, al tiempo, comprometido con valores progresistas con los que sin duda me identifico. ¡Ojalá que algún día pudieran aplicarse a nuestro maltrecho Servicio Madrileño de Salud!

Tres cosas que yo destacaría del documento:

 - Su clara apuesta por la atención primaria de salud como eje vertebrador del futuro de los servicios sanitarios:

- Su denuncia de la escandalosa politización de las estructuras directivas y su compromiso, suscrito formalmente por el candidato,  con la creación de órganos colegiados de gobierno ante los que rindan cuentas los gestores ejecutivos:

 

- Su, casi inédita en este tipo de documentos, ausencia del afamado médicocentrismo, incluso en las formas,  y una clara apuesta por la enfermería como agente esencial de los servicios de salud:

Al margen, insisto, de consideraciones partidistas, el documento es muy bueno y merece la pena echarle un vistazo.

¿Quién copia a quién?

El CGE (17/3/11) y la OMC (18/3/11) han emitido sendos comunicados acerca del alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional de la que hablábamos ayer. Lo que más choca de ambos son los plagios:

CGE: Quien pierde las competencias en formación continuada es el Estado central, y no el Consejo General de Enfermería. Por el contrario, este Consejo General de Enfermería podrá mantener su labor acreditadora a través de acuerdos con las diferentes Comunidades Autónomas, que son quienes tienen dichas competencias.
OMC: Quien pierde las competencias es el Estado, no el Consejo General de Colegios de Médicos, que podrá a partir de ahora actuar en el ámbito público a través de los acuerdos que alcance con las diferentes Comunidades Autónomas, que son las que tienen ahora dichas competencias. 

CGE: Debemos señalar que esta sentencia no afecta a la potestad del Consejo General de Enfermería para la evaluación de la competencia profesional, la validación periódica de la colegiación, el registro de profesionales, o la formación, etc., entre otros aspectos.
OMC: Esta sentencia no afecta a la potestad del Consejo General de Colegios de Médicos para la evaluación de la competencia profesional, la validación periódica de la colegiación, el registro de profesionales, la formación, etc.

CGE: Ahora que la acreditación de la formación continuada en el ámbito público ha pasado a ser competencia de las Comunidades Autónomas, éstas encontrarán en el Consejo General de Enfermería el interlocutor profesional adecuado para la realización de la misma. 
OMC: La acreditación en el ámbito público, será a partir de ahora competencia de las Comunidades Autónomas, las cuales tienen en el Consejo General de Colegios de Médicos el interlocutor profesional adecuado para la realización de la misma.

Como puede verse, los comunicados, o han sido redactados coordinadamente o alguien copia a alguien. Ya que, dadas las similitudes, ¿por qué no un comunicado conjunto? 

Lo cierto es que la única diferencia de fondo entre ambos comunicados es el "qué hay de lo mío" de la OMC que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para pedir al alto tribunal que resuelva ya sus recursos de inconstitucionalidad contra las normativas autonómicas que reconocen la libre colegiación de los profesionales sanitarios públicos. ¿Por qué el CGE no recoge esta reivindicación? Cosas raras...

Éramos pocos... y parió el Constitucional

No, no me refiero al lío del Guadalquivir y el Estatuto de Andalucía, sino a la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2011, publicada el martes en el BOE que:

1. Anula los convenios firmados en 1998 para el desarrollo y gestión de la Formación Continuada de cinco profesiones de la salud, entre ellas la enfermería y la medicina.
2. Declara inconstitucionales algunos aspectos de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias [LOPS].

 Resumiendo (y simplificando, que me perdonen los juristas), la Diputación General de Aragón presentó en 2002 conflicto positivo de competencias contra los convenios de colaboración en materia de formación continuada firmados por el Ministerio de Sanidad con los consejos generales de las profesiones sanitarias, por considerar que vulneraban su Estatuto de Autonomía, que concede a la CA de Aragón las competencias exclusivas en materia de formación continuada y también en materia de sanidad.

Un par de años después se aprueba la LOPS, que en su artículo 35 contempla la capacidad para acreditar las actividades y centros de FC como una competencia compartida entre la Administración Central y las CCAA. La Diputación General de Aragón presenta, adicionalmente, un recurso de inconstitucionalidad contra parte de este artículo, el cual es estimado parcialmente por el TC. Para ser muy gráficos, lo que el TC cambia de la LOPS es esto:

Lo que más me interesa de la sentencia son dos aspectos, creo que importantes:

• Niega validez al argumento del abogado del estado de que la ley se refiere a aquellos programas formativos y centros impartidores que excedan del límite de una CA o que afectan a toda la nación y que, por tanto, debe ser la administración central quien los gestione. Dice el TC que "la unidad política, jurídica económica y social de España impide su división en compartimentos estancos y, en consecuencia, la privación a las Comunidades Autónomas de la posibilidad de actuar cuando sus actos pudieran originar consecuencias más allá de sus límites territoriales equivaldría necesariamente a privarlas, pura y simplemente de toda capacidad de actuación ". En definitiva, cualquier programa formativo y cualquier centro impartidor que sean acreditados por una sola CA quedarán automáticamente acreditados en el resto del Estado.
• Reconoce que la formación continuada de los profesionales sanitarios está estrechamente relacionada con el derecho constitucional a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, pero que la competencia del Estado para establecer la normativa básica y la coordinación general en materia de sanidad (art. 149.1.16 CE) no alcanza a la formación continuada del personal sanitario, dado que se trata de competencias de ejecución y que, en este sentido, Aragón posee competencias exclusivas en materia de sanidad. En definitiva, "la normativa básica estatal puede establecer los requisitos que deben cumplir tales actividades, programas y centros y, tras ello, las Comunidades Autónomas otorgarán las acreditaciones correspondientes con sujeción a dicha normativa básica".

 No es mi intención entrar a opinar, ni sobre los fundamentos de derecho que esgrime el TC (quien, por cierto, no reconoce de hecho ninguna especificidad de la FC de los profesionales de la salud con la de los demás trabajadores, aunque paradójicamente acepte que aquélla está relacionada con el derecho constitucional a la protección de la salud), ni mucho menos sobre las motivaciones de la Diputación General de Aragón  -única que recurrió-  para torpedear un acuerdo insólito y creo que muy positivo entre la administración central y los consejos generales sanitarios.

Pero hay que recordar, si no estoy equivocado (cito prácticamente de memoria) que, como consecuencia de la encomienda de gestión que recibió la OMC mediante los convenios ahora anulados, se creó el Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica Continuada [SEAFORMEC], un modelo siempre bien valorado y considerado un pilar básico del profesionalismo médico. La OMC desarrolla el SEAFORMEC con la Federación de Asociaciones Cientifico-Médicas de España, la Conferencia de Decanos y el Consejo Nacional de Especialidades Médicas. A diferencia de la OMC, el CGE optó por no compartir la encomienda de gestión, fundando el Instituto Superior de Investigación para la Calidad Sanitaria y, dentro de él, su División de Acreditación.

Aunque no soy jurista, diríase ser que la sentencia del TC supone la desaparición de facto de ambos organismos.

Una consideración final, la que más me preocupa: siendo ya difícil, como es, abordar el tema de la interlocución entre poder político y profesiones sanitarias, tan necesaria para muchos de nosotros, esta fragmentación política que establecen de hecho las argumentaciones puramente jurídicas del TC hace virtualmente  imposible esa interlocución estratégica en aquellos aspectos en los que cada CA, como muchas de ellas ya reconocen, no pueda ni deba caminar sola porque se trate de problemas que afecten al conjunto de las administraciones y al conjunto de las profesiones sanitarias.

Informe del Consejo Económico y Social

Esta mañana he estado en la presentación del informe Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social en el sistema sanitario, elaborado por el Consejo Económico y Social. Aunque aún sólo he podido hojearlo, la presentación que se ha hecho me permite apostar por su interés. Me lo he traído, además de en papel, en pdf y lo he subido a "la nube". Podéis descargarlo aquí. En cuanto consiga el pdf de la presentación que del mismo ha hecho Luis A. Oteo (ya se la he pedido) la cuelgo también, porque ha sido uno de los discursos más afinados que he escuchado en los últimos tiempos. Su mantra ha sido "de esta nadie va a salir sin perder algo". Más vale empezar a pensar qué puede aportar cada cual en  vez de seguir disfrazados de florero a ver si nadie se acuerda de uno, añado yo...