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miércoles, 23 de marzo de 2011

La historia reciente: La OMC frente al resto del mundo (profesional sanitario)


La posición de la OMC ha sido siempre de abierta cerrazón frente a cualquier posible desarrollo, aunque fuera muy descafeinado, del reconocimiento de la capacidad legal de cualquier otra profesión sanitaria que pudiera invadir sus competencias tradicionales, que anacrónicamente entiende como exclusivas, sin matices, ni graduaciones, ni fecha de caducidad; ello no sólo incluye a los titulados medios (enfermería, podología o fisioterapia), sino también a otros titulados superiores (farmacéuticos  -la llamada atención farmacéutica-  o psicólogos clínicos).

En ocasiones, su retórica llega bastante más allá de la mera defensa legítima de los monopolios profesionales que tiene legalmente reconocidos y produce verdaderos dislates, consecuencia del predominio ocasional de la componente menos racional y más pasional del conflicto interprofesional, un clasismo trasnochado con una clara base de soberbia y desprecio frente a la enfermería: “Que nadie otorgue ayudas al médico que ni ha pedido ni debe pedir (...) El Ministerio de Sanidad quiere otorgar a la enfermería actividades propias del médico, cuando las mismas son éticamente rechazables en tanto pueden ser perjudiciales para la salud y la seguridad del paciente, lo que en determinados casos y con la suficiente dimensión puede devenir en un problema de salud pública. Sería paradójico que el médico dedique su tiempo a limpiar el instrumental y que la enfermería u otros profesionales sanitarios prescriban por él” (Escrito de alegaciones al proyecto de orden ministerial de desarrollo de la disposición adicional duodécima de la ley del medicamento, página 23). Efectivamente, el sueño de la razón produce monstruos.

Por cierto, el inevitable rifirrafe entre la OMC y el CGE con respecto al asunto de la prescripción enfermera agudizó las ya entonces pésimas relaciones entre sus consejos generales (y sus presidentes), que quedan perfectamente retratadas en una carta que un despechado Máximo González envía el 23 de enero de 2008 a Isacio Siguero, a la sazón presidente de la OMC, y que tiene un componente emocional  más propio de lo personal, que de lo institucional, con un puntito culebrón: “Ha llegado el momento, querido Presidente, de terminar con esta situación y poner las cartas boca arriba. No podemos permitir ni un insulto más, ni un menosprecio más”. La gota que colmó el vaso y provocó esta iracunda reacción fue la hostil ofensiva abierta por la OMC contra la orden de desarrollo de la  disposición adicional duodécima de la ley del medicamento y que puede consultarse mirando las notas de prensa de la OMC de aquellas fechas.

He defendido públicamente, aunque no sirva esto precisamente para ganar amigos ni en una orilla,  ni en la otra del río, que la prescripción enfermera nunca fue una reivindicación importante de las élites enfermeras, más allá de la reivindicación del reconocimiento de lo que ya venían haciendo las enfermeras, pero que fue cuando la OMC y otros foros médicos salieron en tromba con posiciones tan ofensivas como ésta  -y aún mucho más lejos, pero no es cuestión de reabrir heridas más allá de lo que ya estoy yendo-  y llegaron a menospreciar y despreciar a la profesión enfermera globalmente, como lo hicieron sin duda, cuando las enfermeras vivieron como un triunfo personal la aprobación de la más que modesta ley de "prescripción enfermera"). En todo caso, hay que reconocer que la actual dirección de la OMC no es tan facha, ni mucho menos, como sus antecesores; aunque a veces, como al escorpión de la fábula, les salga su "naturaleza".

En fin, la conflictividad, que se concreta habitualmente no sólo en agrias declaraciones y comunicados sino también en la intensa litigación judicial mantenida, no se limitó a los aspectos relacionados con la prescripción enfermera, ya que la OMC tiene por costumbre recurrir cualquier norma que defina funciones de otros colectivos donde aparezcan ciertos términos tradicionalmente médicos, como, por ejemplo, ‘diagnóstico’; siempre son desestimadas, pero sirve para que sus notas de prensa lo presenten como un reconocimiento de sus demandas monopolistas, como puede verse en este titular de la web de la OMC del 12 de marzo de 2010: “La Audiencia Nacional sienta doctrina al reconocer que la competencia de ‘diagnosticar enfermedades’ corresponde al médico”. Pues bien: a) la Audiencia Nacional no sienta doctrina porque sólo el Tribunal Supremo tiene esa capacidad dentro del poder judicial; y b) lo que la sentencia del recurso 847/2008 reconoce es que sólo el médico tiene capacidad para realizar diagnósticos médicos y, dado que “ni en el número 2 ni en el 8 del apartado 3 del Anexo de la Orden se está fijando como objetivo de la formación en enfermería el adquirir competencias para el diagnóstico médico [los subrayados son míos]”, el recurso se desestima con lo cual avala que la enfermera deba adquirir competencias durante su formación relativas a “los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud”. Vaya, unos mentirosillos...

Ya había sucedido lo mismo cuando la OMC recurrió contra una orden equivalente referida a la formación de los fisioterapeutas y asimismo fue desestimado el recurso porque “cuando el anexo de la Orden fija como objetivo el adquirir competencias para la ‘valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia’, no está incluyendo el diagnóstico médico, ni, por tanto, posibilitando la adquisición por los estudiantes de fisioterapia de competencias expresamente reservadas a otros profesionales sanitarios”.

Por otro lado, la OMC ha recurrido los programas formativos de todas las especialidades enfermeras, la más reciente la de  Enfermería Geriátrica, recurso que una vez más perdió.

También hay que decir que el mantenimiento de esta cultura litigadora que sólo mira hacia el pasado, en lugar de una mentalidad proactiva de negociación y acuerdos que miren hacia el futuro para ir acometiendo la inevitable adaptación de los mapas competenciales interprofesionales a las nuevas necesidades sociales y sanitarias, no es exclusiva de la OMC, sino de todas las organizaciones colegiales sanitarias, incluido por supuesto el CGE. Ya trataremos de ello más en extenso.

martes, 22 de marzo de 2011

'Nurse practitioners' y pichigüilis.


El blog sanitario de The Wall Street Journal se hace eco de un estudio, originalmente publicado en The American Journal of Managed Care, según el cual la industria farmacéutica de los EUA ha puesto bajo su foco de atención a las 'nurse practitioner' [NP, enfermeras de práctica avanzada] y ello ha supuesto, al parecer, que muchos de los 'visitadores médicos' hayan tenido que convertirse en 'visitadores enfermeros'. El título del artículo es elocuente: "Nurse Practitioners Get Free Meals From Pharma, Too" (las nurse practitioner también consiguen comidas gratis de la industria farmacéutica).

El artículo en cuestión viene a señalar que las NP se comportan igual  que los médicos en sus relaciones con la industria (y viceversa, la industria se comporta con las NP como con los médicos), dado que pueden prescribir de manera bastante libre  -dependiendo del estado en que estén registradas-  un gran número de medicamentos; así, reciben a los visitadores en sus consultas (96%), asisten a actividades de formación continuada patrocinadas por la industria (96%), asisten a presentaciones de productos en formato comida o cena (49%-64%; ganan las cenas), reciben muestras de medicamentos y obsequios (66%), etc  O sea, como los médicos, según había destacado el propio blog tres años antes. Sarcásticamente, las 263 NP que quisieron participar en la encuesta, de 3.000 a quienes se solicitó su colaboración, fueron compensadas por ello con 50 dólares.

Lo extraño es que The Wall Street Journal se sorprenda de este hecho con la intensidad periodística necesaria como para hacerse eco de un estudio sobre apenas 263 profesionales; pero no lo es menos que cuando se hace eco el prestigioso blog Pharmalot bajo un encabezado similar (nurse practitioners likes Pharma lunches and dinners) el debate suscite tanto interés como para recibir 44 comentarios, algunos de ellos enjundiosos.

Si saco este tema a colación no es por la noticia en sí, sino porque la noticia sea... eso, noticia. Creo que incluso en un país donde existe enfermería de práctica avanzada desde hace medio siglo debe existir un gran paternalismo cándido en esta sorpresa ante una actividad de marketing de la industria absolutamente esperable, con lógica inapelable de negocio, y ante la respuesta de los profesionales. Y probablemente subyace también un cierto clasismo.

Desgraciadamente, no es el único caso de igualdad (negativa) con los médicos: The New York Times informó el pasado 17 de febrero sobre una vasta red de fraude al sistema público Medicare, por más de 225 millones de dólares, en la que estaban implicados médicos, enfermeras y otros técnicos sanitarios (fisioterapeutas, podólogos). Todos ellos facturaban consultas, intervenciones o pruebas complementarias que nunca se habían realizado.

Por lo que se ve, no son sólo los pichigüilis lo que les gusta a algunas de las NP norteamericanas. Como a muchos otros profesionales en todos los sectores: es la condición humana, no la titulación.

lunes, 21 de marzo de 2011

Los documentos del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas Sanitarias


En los, tan numerosos como mi tiempo me permite, blogs que reviso diariamente no he encontrado nunca enlaces a los documentos del European Observatory on Health Systems and Policies de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Sus monografías sobre países europeos son una fuente de información insustituible para conocer los diferentes sistemas sanitarios de nuestro continente (y no se limitan a la UE-27; realmente se trata de toda Europa). Sin duda, la mayor parte de vosotros los conocéis y trabajáis con ellos, pero permitidme que, para el resto, les proporcione una referencia documental.

Aunque adolecen de un cierto sesgo político-ideológico en ocasiones, ya que son agentes locales quienes producen las monografías y en ocasiones pueden ser parte interesada, proporcionan información muy interesante para conocer la gran diversidad de sistemas y políticas sanitarias europeas. Trabajan últimamente sobre una plantilla (template) estructurada, lo cual nos facilita bastante las cosas a la hora de buscar información muy focalizada sobre aspectos específicos de los sistemas de salud europeos. En el caso de las profesiones sanitarias, hay un capítulo específico ("recursos") que nos informa sobre aspectos formativos, regulatorios, demográficos, etc.

El último informe es sobre Inglaterra (no confundir con el Reino Unido, del cual es parte). Lo podéis encontrar en este enlace.

Para aquellos a quienes os interese localizar otros países, éste es el enlace general a los documentos. Si mi contabilidad no me falla, son 50 países (Israel incluido, como en Eurovisión...) y 64 monografías, ya que de muchos países hay más de una. De España, por ejemplo, hay tres: 2000, 2006 y la más reciente, de 2010.

"Buen gobierno para la sostenibilidad del sistema sanitario español"


Os prometí intentar colgar la intervención de Luis Ángel Oteo en la presentación del informe del Consejo Económico y Social, Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social (cuyo texto completo tenéis en la citada entrada del blog). Bien, ya me la ha mandado, me ha permitido compartirla en el blog y aquí la tenéis. De verdad, os recomiendo su lectura; es un texto algo largo, pero resume con enorme sabiduría el estado de cosas en el Sistema Nacional de Salud. Le haré llegar a Oteo los posibles comentarios.

Buen provecho.

viernes, 18 de marzo de 2011

¿Quién copia a quién?

El CGE (17/3/11) y la OMC (18/3/11) han emitido sendos comunicados acerca del alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional de la que hablábamos ayer. Lo que más choca de ambos son los plagios:

CGE: Quien pierde las competencias en formación continuada es el Estado central, y no el Consejo General de Enfermería. Por el contrario, este Consejo General de Enfermería podrá mantener su labor acreditadora a través de acuerdos con las diferentes Comunidades Autónomas, que son quienes tienen dichas competencias.
OMC: Quien pierde las competencias es el Estado, no el Consejo General de Colegios de Médicos, que podrá a partir de ahora actuar en el ámbito público a través de los acuerdos que alcance con las diferentes Comunidades Autónomas, que son las que tienen ahora dichas competencias. 

CGE: Debemos señalar que esta sentencia no afecta a la potestad del Consejo General de Enfermería para la evaluación de la competencia profesional, la validación periódica de la colegiación, el registro de profesionales, o la formación, etc., entre otros aspectos.
OMC: Esta sentencia no afecta a la potestad del Consejo General de Colegios de Médicos para la evaluación de la competencia profesional, la validación periódica de la colegiación, el registro de profesionales, la formación, etc.

CGE: Ahora que la acreditación de la formación continuada en el ámbito público ha pasado a ser competencia de las Comunidades Autónomas, éstas encontrarán en el Consejo General de Enfermería el interlocutor profesional adecuado para la realización de la misma. 
OMC: La acreditación en el ámbito público, será a partir de ahora competencia de las Comunidades Autónomas, las cuales tienen en el Consejo General de Colegios de Médicos el interlocutor profesional adecuado para la realización de la misma.

Como puede verse, los comunicados, o han sido redactados coordinadamente o alguien copia a alguien. Ya que, dadas las similitudes, ¿por qué no un comunicado conjunto? 

Lo cierto es que la única diferencia de fondo entre ambos comunicados es el "qué hay de lo mío" de la OMC que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para pedir al alto tribunal que resuelva ya sus recursos de inconstitucionalidad contra las normativas autonómicas que reconocen la libre colegiación de los profesionales sanitarios públicos. ¿Por qué el CGE no recoge esta reivindicación? Cosas raras...

jueves, 17 de marzo de 2011

Éramos pocos... y parió el Constitucional


No, no me refiero al lío del Guadalquivir y el Estatuto de Andalucía, sino a la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2011, publicada el martes en el BOE que:
  1. Anula los convenios firmados en 1998 para el desarrollo y gestión de la Formación Continuada de cinco profesiones de la salud, entre ellas la enfermería y la medicina.
  2. Declara inconstitucionales algunos aspectos de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias [LOPS].
 Resumiendo (y simplificando, que me perdonen los juristas), la Diputación General de Aragón presentó en 2002 conflicto positivo de competencias contra los convenios de colaboración en materia de formación continuada firmados por el Ministerio de Sanidad con los consejos generales de las profesiones sanitarias, por considerar que vulneraban su Estatuto de Autonomía, que concede a la CA de Aragón las competencias exclusivas en materia de formación continuada y también en materia de sanidad.

Un par de años después se aprueba la LOPS, que en su artículo 35 contempla la capacidad para acreditar las actividades y centros de FC como una competencia compartida entre la Administración Central y las CCAA. La Diputación General de Aragón presenta, adicionalmente, un recurso de inconstitucionalidad contra parte de este artículo, el cual es estimado parcialmente por el TC. Para ser muy gráficos, lo que el TC cambia de la LOPS es esto:


Lo que más me interesa de la sentencia son dos aspectos, creo que importantes:

  • Niega validez al argumento del abogado del estado de que la ley se refiere a aquellos programas formativos y centros impartidores que excedan del límite de una CA o que afectan a toda la nación y que, por tanto, debe ser la administración central quien los gestione. Dice el TC que "la unidad política, jurídica económica y social de España impide su división en compartimentos estancos y, en consecuencia, la privación a las Comunidades Autónomas de la posibilidad de actuar cuando sus actos pudieran originar consecuencias más allá de sus límites territoriales equivaldría necesariamente a privarlas, pura y simplemente de toda capacidad de actuación ". En definitiva, cualquier programa formativo y cualquier centro impartidor que sean acreditados por una sola CA quedarán automáticamente acreditados en el resto del Estado.
  • Reconoce que la formación continuada de los profesionales sanitarios está estrechamente relacionada con el derecho constitucional a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, pero que la competencia del Estado para establecer la normativa básica y la coordinación general en materia de sanidad (art. 149.1.16 CE) no alcanza a la formación continuada del personal sanitario, dado que se trata de competencias de ejecución y que, en este sentido, Aragón posee competencias exclusivas en materia de sanidad. En definitiva, "la normativa básica estatal puede establecer los requisitos que deben cumplir tales actividades, programas y centros y, tras ello, las Comunidades Autónomas otorgarán las acreditaciones correspondientes con sujeción a dicha normativa básica".
 No es mi intención entrar a opinar, ni sobre los fundamentos de derecho que esgrime el TC (quien, por cierto, no reconoce de hecho ninguna especificidad de la FC de los profesionales de la salud con la de los demás trabajadores, aunque paradójicamente acepte que aquélla está relacionada con el derecho constitucional a la protección de la salud), ni mucho menos sobre las motivaciones de la Diputación General de Aragón  -única que recurrió-  para torpedear un acuerdo insólito y creo que muy positivo entre la administración central y los consejos generales sanitarios.

Pero hay que recordar, si no estoy equivocado (cito prácticamente de memoria) que, como consecuencia de la encomienda de gestión que recibió la OMC mediante los convenios ahora anulados, se creó el Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica Continuada [SEAFORMEC], un modelo siempre bien valorado y considerado un pilar básico del profesionalismo médico. La OMC desarrolla el SEAFORMEC con la Federación de Asociaciones Cientifico-Médicas de España, la Conferencia de Decanos y el Consejo Nacional de Especialidades Médicas. A diferencia de la OMC, el CGE optó por no compartir la encomienda de gestión, fundando el Instituto Superior de Investigación para la Calidad Sanitaria y, dentro de él, su División de Acreditación.

Aunque no soy jurista, diríase ser que la sentencia del TC supone la desaparición de facto de ambos organismos.

Una consideración final, la que más me preocupa: siendo ya difícil, como es, abordar el tema de la interlocución entre poder político y profesiones sanitarias, tan necesaria para muchos de nosotros, esta fragmentación política que establecen de hecho las argumentaciones puramente jurídicas del TC hace virtualmente  imposible esa interlocución estratégica en aquellos aspectos en los que cada CA, como muchas de ellas ya reconocen, no pueda ni deba caminar sola porque se trate de problemas que afecten al conjunto de las administraciones y al conjunto de las profesiones sanitarias.

miércoles, 16 de marzo de 2011

'Innovaciones disruptivas' y profesiones


En España, los médicos emplean unos 11 años de media en formarse; las enfermeras, entre cuatro y seis. Aunque la inversión formativa está directamente relacionada (ciertamente con distorsiones) con el valor de mercado de cada ocupación, el sistema profesional clásico ha venido estando basado en aspectos regulatorios competenciales, los market shelter o refugios del mercado de Freidson: compre un médico (o una enfermera o un abogado o un ingeniero) y comprará usted en realidad un kit completo de competencias y funciones reconocidas y salvaguardadas por los reguladores.

En este paquete encontrará usted competencias que realmente sólo son aplicables con garantías si uno ha tenido una formación médica de 11 años; pero también habrá muchas competencias exclusivas que, para ser sinceros, no requieren once, ni nueve, ni cinco, ni tres años: realizar con verdadera destreza el 95% de las punciones lumbares, cistoscopias, biopsias prostáticas o anestesias generales no es algo tan complicado como para requerir un background profesional tan extensivo. Tampoco interpretar un ECG en población sana, diagnosticar y tratar dolencias leves o realizar el seguimiento y ajustar las dosis de un tratamiento con anticoagulantes o insulina. También existen, por cierto, muchas competencias enfermeras exclusivas que tampoco requieren, ni por asomo, una formación básica de cuatro años, como lavar a un paciente, inyectar un fármaco, medir una tensión arterial,  tomar muestras de laboratorio o inyectar un contraste radiológico.

La delegación de tareas y procedimientos hacia personal con menor, pero suficiente, cualificación es una de las más importantes innovaciones disruptivas (definición RAE) que los servicios sanitarios están importando del mundo empresarial; se trata de “productos o servicios más baratos, más sencillos y más convenientes para cubrir las necesidades de clientes con exigencias menores” (Christensen, Bohmer y Kenagy, 2000). La idea, aplicada al marco profesional, es la siguiente:

Aplicar proactivamente este esquema requiere una alta planificación que partiría de una revisión de los actuales mapas competenciales y una redistribución entre todos los niveles, empezando prácticamente de cero y utilizando criterios racionales como seguridad, efricacia, eficiencia o calidad.

El problema principal es que las profesiones tienden a crear esos market shelters y que estos 'nichos' o refugios les mantienen a salvo, al menos durante algún tiempo, de las fuerzas del mercado. Cuando, además, nos situamos en el sector público, los incentivos de que disponen los  mercados para modificar actitudes y conductas  -básicamente, el "o cambias o te cambio (por otro)"-  desaparecen y sólo queda la laxitud de los reguladores y el cortoplacismo de las políticas públicas, es decir, nada. Y ello no significa que las necesidades de los sistemas públicos sean diferentes de las que experimenta el mercado; simplemente, prima la racionalidad burocrática que refuerza esos refugios donde cada cual se instala en el "confortable estado del malestar" al que se refería J.R. Repullo en la entrada del otro día.

Y ello nos lleva a un último punto: cuando, en un entorno ideológicamente predispuesto a favor de la desregulación, se considera que no se pueden incentivar en los agentes de los sistemas públicos actitudes y conductas "de mercado", se opta directamente por introducir el mercado en los sistemas públicos. Como está pasando ahora, era sólo cuestión de tiempo...